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México

Guerrero: Confirman 16 muertos

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Lo que estaba programado como una reunión para acordar la no agresión entre grupos de autodefensas en Guerrero, terminó con una masacre en la que murieron 16 personas, incluido el líder comunitario en el poblado de Xolapa, municipio de Acapulco, Ignacio Policarpo Rodríguez.

El conflicto surgió el sábado por la tarde, cuando guardias civiles de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Xolapa tendrían un encuentro, en el que pactaron asistir sin armas, narró Bertoldo Martínez Cruz.

Mencionó que los comunitarios de El Ocotito “llegaron armados con Cuernos de Chivo y acorralaron a los de Xolalpa”, por lo que inició el enfrentamiento. Destacó que 10 pobladores de este grupo murieron en la gresca; los otros seis pertenecen al poblado de Chilpancingo. El dirigente comunitario explicó que los conflictos surgieron después de que hubo una escisión en las autodefensas congregadas primero en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Al dividirse, se creó el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), los comunitarios de El Ocotito y de Xolapa pertenecen a este grupo.

En marzo, hubo un enfrentamiento entre estos grupos, con un saldo de siete muertos y se buscó una reunión para pactar la no agresión entre ambos.

Responsabilizó a Salvador Alanís, dirigente de los comunitarios en El Ocotito, de lo ocurrido y anunció que interpondrán denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la PGR. El gobernador, Rogelio Ortega, confirmó que murieron 16 personas y dijo que se trató de un “lamentable suceso al margen del proceso electoral”. Dijo que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos por la disputa de territorios. “Al parecer tienen una disputa por el territorio del corredor Acapulco-Chilpancingo”, y la comisión de Derechos Humanos estatal investiga los hechos.

El Universal

México

Sheinbaum defiende propuesta de reforma electoral tras rechazo en la Cámara de Diputados

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota para su gobierno. Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, sostuvo que la iniciativa tenía como objetivo principal eliminar prácticas de corrupción y reducir privilegios dentro del sistema electoral.

“Que no se haya aprobado no es una derrota”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la votación en el Congreso. Señaló que la propuesta buscaba generar cambios que permitieran mayor austeridad y transparencia en el funcionamiento de las instituciones electorales.

Sheinbaum explicó que uno de los puntos centrales de la reforma consistía en disminuir gastos considerados excesivos en el aparato electoral. De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo federal, los recursos que se obtendrían mediante esos ajustes se destinarían posteriormente a proyectos de obra pública y desarrollo de infraestructura en el país.

Durante su intervención, la presidenta reiteró que la intención de la iniciativa era modificar estructuras que, a su juicio, mantienen privilegios para diversos funcionarios. Insistió en que la propuesta fue elaborada bajo el principio de combatir la corrupción y optimizar el uso del presupuesto público.

El posicionamiento de la titular del Ejecutivo se dio luego de que la reforma electoral no obtuviera los votos necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados. Tras la votación, legisladores de distintos grupos parlamentarios manifestaron sus posturas sobre el contenido de la iniciativa y el rumbo que debería seguir la discusión en materia electoral.

Desde el gobierno federal se ha sostenido que los cambios propuestos permitirían redirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. Entre ellas se mencionó la inversión en infraestructura y proyectos de obra pública.

La discusión sobre posibles modificaciones al sistema electoral continúa en el ámbito político y legislativo. Hasta el momento, el gobierno federal ha reiterado su postura de impulsar medidas orientadas a reducir costos y revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.

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