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Opinión

Guerrero: Un Pueblo que se Levanta. Por Sigrid Moctezuma.

El cambio climático está intensificando los desastres naturales, como lo demuestra el reciente huracán John, que azotó las costas del Pacífico mexicano, afectando nuevamente al estado de Guerrero, apenas un año después del devastador huracán Otis. Estos fenómenos meteorológicos no son eventos aislados, sino señales de una tendencia global impulsada por el calentamiento del planeta, que agrava la vulnerabilidad de las comunidades más expuestas. Sin embargo, la verdadera historia detrás de estas catástrofes no radica solo en el daño causado, sino también en la resiliencia y la capacidad de recuperación de las personas afectadas.

Este fenómeno natural alcanzó vientos de más de 150 km/h en su punto más intenso, afectando gravemente a Guerrero, una región que aún no había completado su reconstrucción tras el impacto de Otis. Este último causó pérdidas superiores a los 7 mil millones de pesos, afectando sectores clave como el turismo, la pesca y la agricultura, y dejó a más de 200,000 personas sin electricidad. La situación de Guerrero es crítica porque, con cada nuevo desastre, la brecha de recuperación se amplía.

Los científicos han advertido que, a medida que los océanos se calientan, los huracanes se vuelven más frecuentes y poderosos. En el último año, México registró un aumento del 15% en la frecuencia de tormentas en comparación con la década anterior, un patrón que refleja la creciente gravedad de estos fenómenos climáticos extremos.

A pesar del devastador impacto, los habitantes de Guerrero han demostrado una admirable capacidad de resistencia. Tras el paso de Otis, las comunidades locales, en conjunto con organizaciones civiles y autoridades locales, trabajaron incansablemente para reconstruir viviendas, escuelas y negocios. Las redes de apoyo comunitario, que incluyen grupos de vecinos organizados y voluntarios, desempeñaron un papel crucial en la distribución de alimentos, agua y materiales de construcción, evidenciando una fortaleza que trasciende las adversidades.

Este mismo espíritu de resiliencia se manifestó tras el paso del huracán John. A pesar de la amenaza inminente y los estragos causados, las comunidades costeras, como Acapulco y Zihuatanejo, ya habían implementado medidas preventivas, gracias a las lecciones aprendidas en eventos anteriores. La organización temprana para las evacuaciones, la instalación de refugios y la colaboración entre ciudadanos y autoridades muestran que la sociedad está cada vez mejor preparada para enfrentar estos desafíos. No obstante, la resiliencia tiene un límite cuando no se cuenta con el apoyo adecuado a largo plazo. Los fondos de ayuda y reconstrucción, muchas veces, resultan insuficientes o tardan en llegar, dejando a las comunidades en una situación precaria. El gobierno federal, junto con agencias internacionales, debe priorizar políticas que fortalezcan la infraestructura y mejoren las condiciones de vida en las zonas de alto riesgo, asegurando que la resiliencia no sea solo una respuesta temporal, sino un pilar de desarrollo sostenible.

En crisis como la que hoy enfrentan Guerrero, Oaxaca y Chiapas tras el paso del huracán, el apoyo a la sociedad es fundamental. La solidaridad entre ciudadanos, sumada a la respuesta gubernamental y de organismos internacionales, ha sido un factor decisivo para la recuperación a corto y mediano plazo. El envío de insumos básicos y la inversión en programas de asistencia son vitales para mitigar los daños inmediatos y comenzar la reconstrucción de los municipios afectados. Además, es crucial que las políticas públicas incluyan mecanismos de apoyo psicológico y social para ayudar a las personas a sobrellevar el trauma y las pérdidas que estas catástrofes provocan.

El futuro nos depara más desafíos climáticos, pero también oportunidades para cambiar el rumbo. El huracán John, al igual que muchos otros eventos recientes, es un llamado urgente a la acción. No podemos detener los huracanes ni evitar todas las tragedias, pero sí podemos tomar decisiones que reduzcan los riesgos y preparen a nuestras comunidades para resistir con mayor fortaleza.

Guerrero y sus habitantes nos muestran que, aunque el cambio climático exacerba las adversidades, la solidaridad y la resiliencia siguen siendo nuestras mejores herramientas. El reto ahora es garantizar que el apoyo a estas comunidades no sea momentáneo, sino parte de una estrategia a largo plazo que construya un futuro más seguro, equitativo y sostenible.

 

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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