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México

Guillermo Padrés seguirá en prisión

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El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías seguirá en prisión debido a que el Juzgado Décimo Segundo de Procesos Penales Federales, con sede en el reclusorio oriente, rechazó la garantía ofrecida por Diego Fernández de Cevallos por considerarla de menor valor.

Entrevistado vía telefónica, el abogado Antonio Lozano Gracia señaló que la determinación del juzgador se basó en que el valor catastral del predio es menor a los 100 millones de pesos que se le había solicitado.
El juzgado dice no se tiene por satisfecha la garantía porque hay un reglamento en el estado de Guerrero que dice que el valor catastral es valor fiscal, o sea, este señor o este juzgado antepone un reglamento al código que en sus términos señala que un avalúo fiscal y el avalúo fiscal, según el artículo tercero del reglamento del Código Fiscal, lo tiene que aplicar un corredor público que es como está presentado, exhibido”, comentó.

Lozano Gracia destacó que el evaluó fiscal del predio ofrecido por Fernández de Cevallos realizado por un corredor público, excede los 402 millones de pesos, tres veces más del pago de la garantía.

Dijo que el juzgado Décimo Segundo tomó una decisión aberrante que afectó directamente al exgobernador sonorense.

Esta determinación aberrante rompe toda lógica afecta gravemente a una persona que tendría el derecho de estar gozando de su libertad y afecta sus derechos humanos y va contra toda lógica”, dijo.

Lozano Gracia destacó que el juzgado notificó de manera injusta e ilegal la determinación, la cual calificó como un caso político.

El asunto es netamente político, eso es evidente ha quedado evidenciado durante todo este tiempo, tenemos dos años y le digo ocho resoluciones en ese asunto del juzgado doce hemos ganado ocho resoluciones”, afirmó.

Concluyó que se buscarán alternativas para que Padrés Elias pueda alcanzar su libertad en los próximos días para que pueda reunirse con su familia.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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