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Habrá reconocimiento de crimen de Estado por represión del 68

La masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México y los hechos violatorios de derechos humanos fueron un “crimen de Estado” y como tal será reconocido en el marco de una “reparación simbólica colectiva”.

Lo anterior fue declarado por el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón durante el Coloquio Internacional “M68, Ciudadanías en Movimiento”, realizado esta tarde en el Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco.

“Fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre”, afirmó Rochín.

El reconocimiento de crimen de Estado en contra del movimiento estudiantil del 68 es la más importante de las acciones que prepara el gobierno federal a modo de “reparación colectiva”, entre las que se encuentra la erección de un monumento en el CCU, cuyo piso central plasmará en cemento 400 pares de huellas a cargo de la artista Yael Bartana, mediante lo que Rochín llamó “Intervención Tlatelolco 68-18, Monumento a la Ausencia.”

El titular de la CEAV explicó que “las huellas representan el punto más alto en las versiones sobre el número estimado de estudiantes asesinados en la masacre, creando un espacio que denuncia la ausencia”.

Agregó que la impresión de las huellas se realizará en un evento especial en el que sobrevivientes de la masacre serán invitados a participar.

Rochín del Rincón afirmó que se trata de una resolución de la propia CEAV que también incluye la conformación de un gran acervo digital que será de acceso libre con material escrito, gráfico y auditivo que hará posible la reconstrucción de los hechos.

Tanto el monumento como el acervo serán posibles a través de las iniciativas Colección M68 y Ciudadanos en Movimiento.

Asimismo, habrá pleno reconocimiento del Estado mexicano del derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación integral del daño de manera individual, más allá de la existencia de estas medidas de satisfacción de carácter colectivo. Estas últimas tienen fundamento en el reconocimiento del daño a la identidad de los estudiantes, ya que fueron señalados por sus convicciones y, en consecuencia, se generó una polarización en la sociedad.

“Es necesario que se reconozca de manera activa la necesidad de restauración de los hechos, de la verdad y la memoria que tienen las víctimas para reparar los daños y sufrimientos generados”, dijo Rochín, quien añadió que el Movimiento del 68 es un parteaguas en lo relativo a la defensa de derechos humanos.

Por lo anterior, el Estado mexicano reconocerá que la masacre de estudiantes y la represión al movimiento vulneraron derechos individuales y generaron afectaciones hacia una colectividad.

Fuente: Regeneración

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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