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Hacienda libera 25 mil millones de pesos a estados por contingencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto en el que se garantizará que a los adultos mayores que laboran se les permita ir a sus casas con goce de sueldo y todas las prestaciones de ley, y así poder protegerlos ante la pandemia del coronavirus.

“Voy a firmar un decreto para que en el sector público como privado, se les otorgue permiso a los adultos mayores, permisos para que puedan estar en su casa con goce de sueldo y todas las prestaciones”, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente agregó que independiente del decreto, ha recibido apoyo de varios empresarios. “Me mando a decir el ingeniero (Carlos) Slim que no despedirá a nadie de sus empresas”, dijo el mandatario federal.

López Obrador también informó que otorgarán créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios como fondas, taquerías, talleres y todos los pequeños comercios que se verán afectados ante la crisis económica por el coronavirus, y resaltó que lo más importante es “cuidar nuestra salud”.

El mandatario también aseguró que su gobierno cuenta con 400,000 millones de pesos extras al presupuesto para atender la contingencia por la propagación del coronavirus.

Liberan recursos
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, informó que en los próximos días se destinarán 25 mil millones de pesos a los estados para atender la crisis sanitaria del Covid-19.

“En los próximos días haremos una transferencia de 10 mil millones de pesos. Sería un total de 25 mil mdp, sin contar alrededor de 4 mil 500 millones que el Insabi puso para compra de medicamentos”, indicó.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que a la fecha se han transferido cerca de 15 mil 300 millones de pesos a los estados para el periodo enero-marzo.

Dada la coyuntura, informó que se adelantarán los recursos que correspondían a abril-junio, por lo que en los próximos días se hará una transferencia de 10 mil millones de pesos adicionales para finales de este mes.

“En esta misma semana se habrán transferido a los estados una totalidad de 25 mil millones de pesos”, recalcó.

Fuente: Diario de Yucatán

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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