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‘Hackers’ chinos robaron información de la vacuna española para el Covid

Hackers chinos han sustraído información a centros españoles que trabajan en la investigación de una vacuna para la covid-19, según fuentes conocedoras de estos ciberataques. Los asaltos a los sistemas informáticos se han repetido en varios países que compiten en la carrera por obtener un remedio frente a la pandemia, según reveló este jueves la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, quien añadió que sus respectivos servicios secretos intercambian información para evitarlos, aunque no ofreció detalles.

Durante un seminario organizado por la Asociación de Periodistas Europeos (APE), la directora del servicio español alertó del crecimiento “cualitativo y cuantitativo” de los ciberataques durante el confinamiento, ante la extensión del “área de exposición” a esta amenaza que ha supuesto la ampliación del teletrabajo. Y subrayó los ciberataques a “sectores sensibles como el sanitario y el farmacéutico”, así como “una campaña, especialmente virulenta, no solo en España, contra laboratorios que trabajan en la búsqueda de una vacuna para la covid-19”.

La mayoría de estos cibertaques, según las fuentes consultadas, proceden de China y Rusia. En muchos casos se trata de entidades estatales, pero también hay universidades y organizaciones criminales que comercian con la información sustraída. En España se sabe que el ciberataque procedía de China. Las fuentes consultadas no han revelado la importancia ni el carácter de la información sustraída.

En julio pasado, un tribunal federal de Spokane, en el estado de Washington, acusó a dos ciudadanos chinos residentes en Cantón (China), Li Xiaoyu y Dong Jiazhi, de piratear durante más de una década los sistemas de cientos de empresas de alta tecnología, Gobiernos, ONG y activistas proderechos humanos en EE UU, Australia, Bélgica, Alemania, Japón, Lituania, Holanda, Corea del Sur, Suecia, el Reino Unido y España. En los últimos meses, según la acusación, “investigaron vulnerabilidades en las redes informáticas de las empresas que desarrollan vacunas covid-19, tecnología de prueba y tratamientos” para la enfermedad. Los hackers trabajaban a veces en su propio beneficio, pero también colaboraban con el MSS, el Ministerio de la Seguridad del Estado chino.

Los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrollan vacunas experimentales contra la covid fueron convocados antes del verano a una reunión para advertirles de que tomaran precauciones frente a posibles robos de datos, según confirman dos de los asistentes. Sin embargo, los responsables de seis de los grupos españoles que elaboran prototipos de vacunas aseguran que no les consta ninguna sustracción de datos en sus sistemas informáticos.

Fuente: El país

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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