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México

Hasta 60 años de prisión pedirán contra Peña Nieto

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La Fiscalía General de la República tiene previsto acusar al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a algunos de sus colaboradores, por delincuencia organizada, dentro del caso que investiga una red de soborno a la constructora brasileña Odebrecht, tras la denuncia presentada por el ex director de PEMEX Emilio Lozoya.

Además de Peña Nieto, la Fiscalía también acusará, entre otra docena de políticos, al que fuera secretario de Hacienda Luis Videgaray; y al panista Ricardo Anaya, quien ya había sido denunciado anteriormente por lavado de dinero y asociación para delinquir por este caso.

Sin embargo, y ante la falta de avances en la investigación, la Fiscalía habría decidido acusar de los delitos más graves a Peña Nieto y su séquito, quienes podrían enfrentarse a penas de hasta 60 años de prisión.

Según los últimos informes de la Fiscalía, Peña Nieto habría tenido un papel capital en esta trama junto a Videgaray, a quien las autoridades ya denunciaron por “traición a la patria” por unos supuestos delitos de soborno por valor de 10,5 millones de dólares a cambio de contratos para Odebrecht.

Ambos “a través del otrora director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, obtuvieron de la empresa brasileña Odebrecht recursos”, con los que se financió, por ejemplo, la campaña de Peña Nieto para las presidenciales de 2012 y los sobornos en el Congreso para que diputados y senadores avalaran una reforma constitucional en materia energética, informa el diario ‘Milenio’.

Entre los señalados también están el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, los antiguos senadores del PAN Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Luis Lavalle, y el exdirector del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores David Penchyna Grub.

México

México reporta más de 145 mil repatriaciones de connacionales desde enero

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El Gobierno de México informó que, del 20 de enero al 17 de diciembre, se registraron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política antimigratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las cifras durante una conferencia de prensa, en la que precisó que 116 mil 156 personas fueron repatriadas por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea. Estas acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza.

De acuerdo con la funcionaria, 99 mil 924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención habilitados por el gobierno federal. En el caso de las 45 mil 613 que optaron por no hacerlo, señaló que también se les brindó apoyo consistente en alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y ayuda para su traslado a su lugar de origen.

La red de atención opera a través de nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que la atención aérea se ofrece en Chiapas y Tabasco.

En este contexto, el 18 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación de las comunidades migrantes y lamentó lo que calificó como una creciente criminalización de este sector. Durante su conferencia matutina, respondió a mensajes recientes de Donald Trump y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quienes han promovido deportaciones masivas y la construcción de barreras fronterizas.

La mandataria sostuvo que la migración es un fenómeno motivado por la necesidad y no por una decisión voluntaria, y afirmó que las políticas de persecución carecen de humanidad. Señaló que, desde su perspectiva, las soluciones de fondo deben basarse en la cooperación internacional, el desarrollo económico, la inversión en los países de origen y la reducción de la desigualdad.

Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano será la protección de los derechos humanos y la oferta de alternativas consideradas dignas, como el acceso al empleo o la repatriación voluntaria. Estas declaraciones se dan en un escenario marcado por el incremento en las repatriaciones de connacionales durante 2025.

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