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México

Hasta tres años de cárcel a quien realice terapias de conversión sexual en Edomex

El Pleno del legislativo mexiquense aprobó, con 61 votos a favor, reformas al Código Penal local en las que se prohíbe y sanciona con prisión a quien promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia con pretensión de cambiar la orientación sexual o identidad de género y derivado de ello se afecte su integridad física o psicológica.

Tras varias solicitudes de colectivos LGBTTIQ+ y organizaciones de Derechos Humanos, ahora se impondrán de uno a tres años en cárcel, 25 a 100 días de trabajo comunitario y una multa de 50 hasta 500 días-multa a quien cometa este delito.

En el acuerdo quedó establecido que “se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea la violencia física, moral, psicoemocional o sexual, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas”.

Asimismo, la reforma decreta incrementar hasta una mitad las sanciones, cuando dichas terapias se apliquen contra menores de edad, con discapacidad, adultos mayores, privadas de la libertad o que no comprendan el significado del hecho.

La propuesta originalmente fue de la diputada de Morena, Beatriz García Villegas, quien durante la sesión en la Cámara de Diputados recordó que el pasado 24 de junio en la Ciudad de México se tipificó la tortura a la comunidad LGBTTIQ+ lo que muestra un avance hacia una sociedad más justa.

En la capital del país este delito puede alcanzar penas de hasta cinco años de prisión y en el Senado de la República se analiza penar estas prácticas con hasta seis años de cárcel.

En contraparte, colectivos opositores han lamentado estas reformas.

“El día de hoy es un día lamentable para el Estado de México, ya que se aprobó una ley que buscará estigmatizar e impedir que las personas que así lo quieran puedan tratar la disforia de género, buscando también descalificar la dimensión sexual biológica natural, abriendo incluso la puerta para dar cárcel a padres de familia, ministros de culto y expertos que apliquen terapia o consejería en esta materia”, expresó el Frente Nacional por la Familia del Estado de México a través de un comunicado de prensa publicado en Twitter.

Pero ¿Qué son las terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género)? son “tratamientos” psiquiátricos, psicológicos y hasta espirituales, con la finalidad de cambiar la orientación sexual, la identidad, o la expresión de género de aquellas personas diferentes a una heterosexualidad binaria cisgénero.

En 1973, la Asociación de Psiquiatría Americana eliminó a la homosexualidad de las páginas de su manual sobre trastornos mentales. Sin embargo, existen registros de que los ECOSIG derivan en maltrato físico, privación de la libertad, violencia económica y hasta violaciones grupales.

Existen diferentes tipos: las terapias a base de religión y medicamentos, realizadas frecuentemente por instituciones religiosas, incluyen prácticas como rezar. Algunos reportes afirman que las terapias incluyen el consumo de medicinas como Ludomil y Dogmatil, químicos utilizados para tratar desórdenes psicológicos o neurológicos.

La terapia de aversión es una terapia utilizada en años anteriores. Consistía en inyectar al paciente altas cantidades de adrenalina para que ésta le provocara un miedo extremo. Una vez así, proyectar imágenes con contenido homoerótico para provocarle un rechazo.

Un método prohibido, la castración química se realiza con el uso de inyecciones y la ingesta de medicamentos que provocan una disminución en la producción de hormonas, lo cual reduce la libido en el ser humano.

Fuente: infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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