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Hay 260 hospitalizados por COVID-19 en el estado

El último reporte epidemiológico correspondiente a este 5 de abril, confirma 11 contagios y 3 defunciones más por COVID-19 en las últimas horas, con lo que el estado de Chihuahua llegó a 59 mil 143 casos confirmados y 5 mil 696 decesos.

Los municipios con el mayor número de casos confirmados son: Juárez con un acumulado de 29,759, Chihuahua con 15,737, Parral con 2,474, Delicias con 2,234, Cuauhtémoc con 2,076 y Ojinaga con 1,197.

Además hay 51 mil 017 personas recuperadas de la enfermedad, otros 31 mil 923 casos descartados, y mil 675 sospechosos.

De acuerdo a la tabla de Casos Confirmados Activos por Municipio de Residencia registrados del 22 de marzo al 04 de abril, Chihuahua se encuentra a la cabeza con 463 contagios, seguido de Parral con 132, Juárez con 121 y Cuauhtémoc con 114.

Con respecto a la tabla de Casos Recuperados por Municipio de Residencia, Juárez tiene 26 mil 328 personas, Chihuahua 13 mil 488, Parral 2,049, Delicias 1,841, Cuauhtémoc 1,675 y Ojinaga con 1,136 casos.

Se tienen 260 pacientes hospitalizados: 63% en el IMSS, 28% del Sector Salud, 5% Issste, 3% de Sedena y 1% IMSS Bienestar. También 69 intubados: 49% en el Sector Salud, 41% en el IMSS, 7% en el Issste, 2% de Sedena y 1% IMSS Bienestar. Con reporte de 28 hospitales.

La información muestra que el 51 por ciento de los pacientes son del sexo masculino (30,076) y 49 por ciento del femenino (29,067).

La proporción por género en los fallecimientos es de 40 por ciento mujeres y 60 por ciento hombres.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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