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México

Hay que revisar reforma educativa, no derogarla: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, sostuvo este miércoles que derogar la reforma educativa significaría la claudicación del gobierno de Peña Nieto, por lo que dijo que sólo se tiene que revisar y que esto debe ser antes del 1 de septiembre.

“La reforma educativa se tiene que revisar, no se puede derogar, porque esto significaría la claudicación del gobierno de Peña Nieto y no se trata de estar jugando a las vencidas, porque a nadie nos conviene la claudicación del gobierno. Se debe serenar al país para que la entrega de la estafeta en 2018 sea en calma”, indicó en entrevista con Radio Fórmula.

El líder de Morena reiteró que se debe llamar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para hacer la revisión de esta reforma y escuchar a los padres de familia, a los maestros y a los expertos; “es decir, hacer lo que no se hizo, pues hay que entender que las leyes se hacen para los seres humanos y esta no es una ley que ayude a la superación de los profesores, no ayuda a corregir deficiencias”.

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Dijo también que la evaluación que se aplica a los profesores “es totalmente autoritaria y punitiva” y aseguró que no sólo está con aquellos agremiados a la CNTE, sino con los del SNTE y hasta con aquellos que no perteneces a alguna organización sindical.

Además, se pronunció por liberar a aquellos profesores que fueron encarcelados y dijo que fue un exceso y una majadería acusarlos de lavado de dinero.

UN GUIÑO AL PRD

En la entrevista, López Obrador cambió la postura que durante los últimos años mantuvo con respecto a una eventual alianza con el PRD rumbo a la elección de 2018, al señalar que “se tendría que analizar”.

Sin embargo, puso como condición que “(en el PRD) tendrían que ser claros en el sentido de no hacer alianzas con el PAN, ni con el gobierno. La alianza sería posible sólo si se marca una sana distancia con el régimen”.

Así, López Obrador abrió la puerta al reencuentro entre los partidos de izquierda, aunque fue claro al señalar que “esto se revisaría en los órganos internos del partido”.

También se le preguntó porqué, hasta ahora, no ha presentado su declaración 3de3, a lo que respondió que en los próximos días la va a presentar y aclaró que “no tengo nada, nada de bienes y nada que ocultar”.

Se refirió además a las obras del segundo piso del Periférico y dijo que es absolutamente falso que hubieran sido reservadas por 12 años e, incluso, durante la entrevista se abrió la página electrónica en la que se encuentra toda la información referente a ese tema.

También habló del Instituto Nacional Electoral y dijo que no confía en él porque “no representan a la democracia. En las pasadas elecciones todos los candidatos del PRI rebasaron los topes en los gastos de campaña y los consejeros se hicieron de la vista gorda”.

Además adelantó que para las elecciones de 2018 tendrán comités en todas las secciones electorales del país. “Es lamentable que haya que tener un ejército de ciudadanos que vigilen las elecciones y que se tenga que defender el voto”.

Ante la pregunta de si su mandato se prolongaría más allá de los seis años que establece la Constitución, López Obrador señaló que no tiene ánimos de reelección “pues si gano, será hasta 2024”.

Finalmente adelantó que, de ganar, en su gobierno no habrá cacería de brujas, “mi fuerte no es la venganza, voy a llegar a cortar la corrupción, habrá justicia, no venganza, pues no tengo enemigos ni pienso tenerlos”.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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