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Opinión

Heridas abiertas y reconciliación social. Por Caleb Ordoñez T.

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Aquel río se ha secado con la escasa lluvia y la explotación del agua. Aquellos que viven cerca de él han tenido que encontrar nuevas formas de trabajo. Una de las peores quizá sea la producción de drogas sintéticas.

La elaboración de mentafetaminas se convirtió en el nuevo oficio de una comunidad que ha estado acostumbrado a luchar durante siglos, pero que cada vez les es más complicado resistirse a la modernidad y los vicios. Se trata de “Los Yaquis”, una comunidad indígena férrea, valiente y organizada.

Desde el 2010 sus aguas han sido prácticamente saqueadas, el acueducto Independencia comenzó a extraer millones de litros del río que da nombre a la tribu. Ante tal situación, los yaquis se organizaron y empezaron una dura campaña para reclamar el vital líquido. La lucha ha sido cruel y sangrienta, decenas de activistas y ambientalistas han sido asesinados sin haber encontrado justicia.

El narco ha impuesto su poderío en todas las zonas yaquis: Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem en el Estado de Sonora. Lugares áridos que ahora enfrentan el flagelo de la drogadicción en la comunidad de apenas 40,000 habitantes.

Esta oscura realidad de pobreza y aniquilación, se ha repetido por cientos de años.

El cineasta Sergi Pedro Ros, recoge la mirada perdida y desesperanzada de los pobladores de ese caos denso y polvoso yaqui, en el documental llamado Laberinto Yo’Eme.

Han luchado por tanto tiempo que sus heridas siguen abiertas. Los yaquis fueron el dolor de cabeza de los conquistadores españoles, y lo siguieron siendo para los diversos gobiernos de México, incluso en el siglo XX. Solamente durante el régimen de Porfirio Díaz, se estima que más de 25,000 yaquis fueron vendidos como esclavos y muchos otros asesinados. Los que pudieron, salieron huyendo hacia Arizona, Estados Unidos.

Fue hasta la llegada del presidente Lázaro Cárdenas, en 1934, que los yaquis obtuvieron el reconocimiento oficial de casi 500.000 hectáreas de tierra y volvieron a restaurar su tribu.

Este martes 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Sonora, haciéndose acompañar de…

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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