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Hijo de funcionario priista presume los relojes más caros del mundo

Luis Miranda Saldaña es el hijo mayor del Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, uno de los principales operadores políticos del Presidente Enrique Peña Nieto.
El 1 de septiembre del 2016 cumplió 21 años y en su cuenta de Instagram ha dado cuenta de sus viajes por el mundo y de su gran amistad con Alejandro Peña Pretelini, el hijo mayor del Presidente Peña.
Sus viajes forman parte de un estilo de vida que ha decidido compartir a través de todas sus redes sociales, incluyendo un canal de Snapchat en el que recientemente publicó una serie de videos y fotografías en los que destacan dos relojes de edición limitada de una de las marcas más exclusivas a nivel mundial: Audemars Piguet.
Audemars Piguet presume en su página web la fabricación de los relojes de pulsera más precisos y complicados del mundo: cuentan con líneas de relojes que sólo requieren ajuste cada 100 años o que son capaces de mostrar la posición de las estrellas y los ciclos de la luna los 365 días al año.
La complejidad de la marca va aparejada con su precio: los modelos que presume Luis Miranda Junior en sus redes sociales tienen un costo que oscila entre los 24 mil y 33 mil dólares en páginas especializadas.
Uno de los modelos es el Royal Oak OffShore Diver color Amarillo equipado con Cronógrafo, cuyo costo en línea es de 21 mil 273 dólares, equivalente a 452 mil 934 pesos al tipo de cambio fijado por el Banco de México para el día 22 de mayo.
El segundo reloj es todavía más caro: se trata de un Royal Oak OffShore Silver Dial con Cronógrafo, un reloj valuado en 26 mil 495 dólares, cifra que al tipo de cambio actual equivale a 494 mil 396 pesos.
El precio de los relojes captados en las redes sociales de Luis Miranda Junior, suma la cantidad de 947 mil pesos, es decir, es el equivalente a lo que gana su papá, el Secretario de Estado, Luis Miranda Nava, en tres meses y medio.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el salario anual de los Secretarios de Estado será este año de 3 millones 377 mil 472 pesos, cifra que dividida entre los 954 mil pesos, equivale a 3.56 meses de su salario.

Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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