La familia Pineda caminó hacia el norte durante más de un mes con una caravana de migrantes centroamericanos que ahora se encuentra cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Pero ellos estuvieron huyendo en Honduras por mucho más tiempo debido a temores de persecución política.

Según describió la familia, hombres encapuchados con uniformes militares llegaron a su puerta en la ciudad de Peña Blanca en noviembre del 2017, blandiendo sus pistolas y dándoles dos opciones: irse o morir.

Decidieron refugiarse con amigos y familiares durante casi un año, dijeron, antes de unirse a otras miles de personas en un viaje de 4,500 kilómetros hacia Estados Unidos en octubre.

La confrontación ocurrió el 26 de noviembre del 2017, la noche de las elecciones presidenciales de Honduras. Activos en el grupo opositor izquierdista Partido Libre, los Pineda creen que quienes los amenazaron eran leales al presidente conservador Juan Orlando Hernández.

Según un reporte de Naciones Unidas, sus fuerzas de seguridad mataron a al menos a 16 personas en las principales protestas callejeras que ocurrieron tras su controvertida reelección y nadie ha sido acusado penalmente.
“Me dijeron que por involucrar a la gente en los partidos políticos me iban a llenar de plomo”, dijo Secundina Pineda, de 25 años, una de las cuatro hermanas que viven con su padre de 65 años y un niño dentro de una tienda de campaña en un campamento de migrantes en Tijuana, México.

Su historia ilustra la violencia política en gran parte pasada por alto en Honduras que, junto con la pobreza extrema, ha ayudado a crear una crisis humanitaria en la puerta de acceso a Estados Unidos.
Reuters no pudo verificar la historia de los Pineda, que fue narrada en gran parte por Secundina. Un portavoz de las fuerzas armadas hondureñas negó vehementemente la versión o cualquier otra persecución política.

Pero los observadores de derechos humanos en Honduras y abogados que representan a los migrantes de la caravana dijeron que han escuchado historias similares de que las fuerzas de seguridad ingresaron a sus hogares e intimidaron a los activistas políticos de la oposición.
En un país con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, los escuadrones de la muerte llevaron a cabo 38 masacres de cinco o más personas en el 2018, dijo Berta Oliva, directora del grupo de derechos humanos Comité de los Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Sostuvo que los casos políticos son dados de baja como delitos comunes.

“Las fuerzas armadas hondureñas no persiguen absolutamente a nadie”, dijo el capitán José Domingo Mesa, un portavoz militar. “Muchas personas que están tratando de conseguir asilo (en Estados Unidos) están tratando de buscar justificaciones políticas, muchas veces culpando a las Fuerzas Armadas”, agregó.