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Hospital del IMSS en Acapulco extirpa un seno a mujer que no tenía cáncer

En enero de 2013, a una mujer de 29 años en un hospital del IMSS en Acapulco, Guerrero, le realizaron una biopsia en el seno derecho, después de que en un ultrasonido le detectaron dos quistes.
Un patólogo interpretó los resultados, y determinó que ella tenía cáncer, el 20 de febrero de aquel año.
Realizó ese diagnóstico, aunque el resultado no fue confirmado con los estudios de “inmunohistoquímica y patología molecular”, debido a que no se contó con suficiente tejido para realizarlo, de acuerdo con el relato sobre los hechos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 21/2017.
A la mujer la remitieron de manera urgente a Oncología del Hospital General Regional Número 1 “Vicente Guerrero” del IMSS en Acapulco, Guerrero, y le realizaron una “mastectomía radical derecha”, además de tomar muestras para un estudio de patología, y enviarlas a quimioterapia.
El 15 de mayo de 2013, los resultados de la patología determinaron que ella no tenía cáncer.
“(…) historia de carcinoma canicular infiltrante sin patrón específico, sin tumor residual, sin metástasis (…) sin tumor en bordes quirúrgicos; enfermedad fibrosa quística (…) fibrodenoma mamario esclerosado; hiperplasia linfoide sinusual (…)”, señalaron los estudios.
Un médico de Oncología del Hospital General informó que no podían realizarle quimioterapias a la paciente, “porque no había encontrado algún tumor y debían realizarse otros estudios a la biopsia tomada el 16 de enero de 2013”.
Con base en el reporte de estudio “histopatológico-citológico” de la mastectomía radical derecha de 15 de mayo de 2013, y del ultrasonido de mama izquierda de 30 de agosto del mismo año, apuntó la CNDH, se determinó que la región pectoral derecha se encontraba sin alteraciones, “lo que sugiere que la agraviada no tenía cáncer”.
Ella presentó una queja ante la CNDH, el 29 de julio 2013, y elementos de la Comisión acudieron a realizar diligencias.
En su queja, ella señaló que “es una persona parapléjica que se encontraba en rehabilitación cuando ocurrieron los hechos”, por lo que tuvo que suspender los tratamientos de esta última. Solicitó indemnización por daño moral y económico, además de la reconstrucción del seno que le quitaron.
La mujer se trasladó a Los Cabos, Baja California, donde le realizaron una cirugía de reconstrucción de seno con el apoyo de una asociación civil.
En su análisis, la CNDH determinó que había evidencias que permitían acreditar violaciones a los derechos humanos, a la integridad física, y a la dignidad de la paciente.
Al menos siete personas del hospital “incumplieron sus obligaciones de actuar con legalidad, honradez, lealtad, y eficiencia como servidores públicos”, por lo que en la recomendación de la CNDH se solicitó la reparación del daño, una indemnización, además de “investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.
Además, la Comisión señaló que presentaría la denuncia correspondiente, ante la PGR.
Otro caso de negligencia
En otra recomendación, la CNDH documentó que en un Hospital Regional del IMSS una recién nacida sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro por la inadecuada atención que tuvo por parte del personal de la dependencia.
De acuerdo con la Recomendación 18/2017 de la CNDH, el 22 de junio de 2016, una niña nació con buen estado de salud en el Hospital Regional Número 12 del IMSS en Mérida, Yucatán. Sin embargo, horas después la bebé presentó hipotermia, “motivo por el cual personal de la enfermería la colocó en una cuna con lámpara de calor, pero ésta se rompió y cayó”, lo que le causó una quemadura de segundo grado en la mejilla izquierda y una “lesión superficial” en el cuero cabelludo.
La CNDH determinó que el personal de enfermería del Hospital “omitió brindar atención, vigilancia y cuidados especiales al no percatarse del momento en que cayó la lámpara de calor en la cuna” y omitió dar información detallada sobre las lesiones sufridas por la menor.
En ambos casos, la CNDH concluyó que existió una violación a los derechos humanos por la inadecuada atención médica hacia las derechohabientes, pues “el personal que intervino en ambos hechos incumplió con sus obligaciones de actuar con legalidad, honradez, lealtad y eficiencia como servidores públicos.
Por ello, la Comisión solicita al IMSS que “se repare el daño en cada caso a las agraviadas y sus familiares” con una indemnización o compensación “justa y suficiente”, así como atención médica y psicológica.
Asimismo, tendrá que impartir cursos en los citados hospitales y capacitar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres.
En un comunicado, el IMSS señaló este martes que dará “cabal cumplimiento” a las recomendaciónes de la CNDH.
Cabe señalar que al tener conocimiento de lo ocurrido, el IMSS tomó diversas medidas preventivas a fin de evitar hechos similares, indicó el Instituto.
El Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución pública con mayor número de recomendaciones de la CNDH.
En lo que va de 2017, el IMSS ha recibido 8 recomendaciones de 21 que ha emitido la CNDH, por violaciones al derecho a la protección a la salud e inadecuada atención médica.

Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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