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México

Hostigadores pasarían hasta 5 años en la cárcel

El diputado local por el distrito 9 de Los Reyes, Roberto Maldonado Hinojosa, presentará este miércoles la iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán, para que la pena por hostigamiento sexual sea de 5 años de prisión como máxima condena y una multa de cincuenta veces al valor diario de la unidad de medida y actualización, a fin de combatir y erradicar la violencia que se ejerce a través de ese delito.
De acuerdo a un comunicado de prensa, el legislador priista expuso que pese a que en la legislación existe ya una pena para el acoso sexual no se ha logrado disminuir, mucho menos erradicar, en gran parte se ha incrementado ya que ahora no sólo hay abuso sexual, hoy además asesinan a las víctimas después de abusarlas, en muchas de las ocasiones todo inicia cuando el agresor empieza a acosar sexualmente a su víctima, informó la agencia Quadratín.
Maldonado Hinojosa precisó que las penas señaladas en el Código Penal del Estado de Michoacán son mínimas. Para endurecer el castigo de la pena como delito grave se propone sea de por lo menos 6 meses como pena mínima y cinco años como máxima.
En Michoacán, de 2008 a 2015 se registraron 1995 víctimas de abuso sexual, contra apenas 212 denuncias por hostigamiento.
El también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, argumentó que, en Michoacán, de acuerdo a las cifras que presenta Humanas sin Violencia A.C. y que acredita de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de 2008 a 2015 se ha incrementado el abuso sexual que ha alcanzado en 1995 víctimas, mientras que el hostigamiento sexual en el mismo periodo registro apenas 212 denuncias.
Ante lo anterior dijo que, de acuerdo a especialistas, el hostigamiento sexual genera serios daños psicológicos y afecta directamente el rendimiento laboral cuando este se ejerce en los espacios de trabajo, ya sea por compañeros o por quienes ocupan cargos superiores.
Proponemos reformas más enérgicas con penas más altas para que se respeten los derechos esenciales de cada ser humano. El hostigamiento sexual lesiona a las familias, a mujeres y hombres, afecta por igual a la sociedad, las consecuencias son fatales, las víctimas pierden la confianza en sí mismas, la de sus parejas y hasta llegan a deshacer núcleos familiares, todo por la sumisión que una persona pretende de otra ejerciendo el hostigamiento sexual”.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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