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México

Hoy deciden liberación -o no- de Mario Aburto, asesino de Colosio

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este miércoles si queda firme o no el amparo otorgado a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, con lo que podría obtener su libertad el próximo 23 de marzo, fecha en que se cumplen tres décadas del asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En octubre del 2023, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación invalidó la condena de 45 años de cárcel que se le dictó a Aburto Martínez y ordenó que se le dicte otra sentencia, debido a que no se cumplieron con los requisitos para considerar que se trataba de un delito federal.

Además, ordenó formular una nueva condena con base al Código Penal de Baja California, que establecía en 1994 de 16 a 30 años de prisión para el delito de homicidio doloso, por lo que de haber obtenido la sentencia máxima, Aburto podría dejar la cárcel dentro de 11 días.

Colosio Murrieta fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, mientras que Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, en diciembre de 1995.

Actualmente, el michoacano cumple su condena en un penal federal y la Fiscalía General de la República (FGR) busca que se le revoque el amparo que lo dejaría en libertad.

En marzo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que iniciaría una investigación por presuntos actos de tortura y de obstaculización al acceso a la salud de Aburto Martínez.

Dos años después, en 2021, la Comisión dirigió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno hacia Aburto.

En ese mismo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección a Mario Aburto si está dispuesto a contar su versión sobre el asesinato del candidato presidencial sonorense.

López Obrador aseguró que a su gobierno le interesa que no quede ninguna duda sobre el homicidio de Colosio.

En enero pasado, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al Ejecutivo Federal indultar al asesino de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

“Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón…”, escribió el alcalde emecista.

Además, le pidió que deje de politizar el caso del asesinato de su padre; “Si no tuviera intención de hacer político el caso, no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación”, indicó.

Sin embargo, el presidente López Obrador respondió que no podía indultar a Mario Aburto, ni podría dar “carpetazo” al asunto.

“Al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, y sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, en lo que a mí corresponde, de que no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo”, dijo el presidente.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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