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México

Huecos y vacíos en la reforma de pensiones

Según la propuesta de reforma al sistema de pensiones, desde el primero de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 mdp que se irá incrementando poco a poco.

Al anunciar el envío al Congreso de un paquete de 20 iniciativas, el presidente López Obrador dijo que “se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario”.

Con ese propósito, “desde el primero de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal”.

Según la iniciativa, las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS y las que están bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Seguro Social en los términos que establezca la ley.

Las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada, en los términos que establece la ley.

Lo anterior quiere decir que sólo los trabajadores que ganan menos del salario promedio registrado en el IMSS, que en 2023 fue de 16 mil 778 pesos mensuales, tendrán derecho a una pensión de 100 por ciento de su último salario.

Más aún, la propuesta de “revertir” la reforma de pensiones de 1997 no plantea la eliminación del sistema de capitalización de cuentas individuales gestionado por las Afores ni de los recursos para el retiro que administran.

A casi 27 años de su inicio, el Sistema de Ahorro para el Retiro tiene 73.9 millones de cuentas administradas por las Afores, que manejan recursos por cerca de 5.8 billones de pesos.

Los ahorros de los trabajadores para su retiro representan alrededor de 18 por ciento del PIB.

De acuerdo con Mariana Campos, directora general de México Evalúa, con la reforma de 2020 en materia de pensiones ya se había logrado incrementar la tasa de reemplazo justo de la población que propone beneficiar esta iniciativa por el aumento al salario promedio del IMSS.

De regreso a la iniciativa del Ejecutivo en materia de pensiones, ésta plantea que el Fondo de Pensiones para el Bienestar –el fondo semilla– se financiará con “aportaciones iniciales” del gobierno federal y también con “ingresos complementarios obtenidos de diversas fuentes”.

A detalle, provendría en 75 por ciento de los recursos obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; del proceso de liquidación de la Financiera Rural; de los ingresos que se obtengan por la venta de inmuebles sin construcción del Fonatur; del cobro de adeudos que, las dependencias y entidades públicas, así como los estados tienen pendientes de pago ante el SAT, el ISSSTE y el IMSS, y de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez y de la subcuenta de vivienda que hayan prescrito.

Como “aportaciones complementarias” prevé integrar los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial; los que se generen con la eliminación de los órganos autónomos y los reguladores; el 25 por ciento del remanente de las utilidades de las empresas de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; de la enajenación de inmuebles del ISSSTE, y de las donaciones o aportaciones de personas físicas o morales.

Mariana Campos advierte que algunas de las fuentes de ingresos con las que se integraría el fondo “no necesariamente existen hoy”, pues se plantea, por ejemplo, que una parte provenga de la rentabilidad de las empresas que están a cargo de Sedena y la Marina, pero “algunas de estas empresas se están apenas desarrollando y no sabemos qué garantía tienen de ser rentables”.

La directora de México Evalúa dice a este reportero que “también tenemos recursos que son no recurrentes, como la liquidación de los fideicomisos del Poder Judicial”, que aún están en procedimientos legales, por lo que “no sabemos tampoco si realmente van a existir esos recursos”.

En conclusión, “quedamos con una propuesta muy vacía en términos de ingresos recurrentes para alimentarla”.

En efecto, sin una fuente estable de financiamiento de un gasto recurrente,la reforma propuesta por AMLO terminará siendo inviable, por más que pretenda garantizar un retiro digno.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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