Conecta con nosotros

México

Huracán Otis: El segundo mayor impacto para las aseguradoras en México

Las pérdidas aseguradas alcanzan un total de 9 mil 264 millones de pesos, de los cuales el 27 por ciento corresponde a daños en viviendas.

Ciudad de México.- Otis se ha consolidado como el segundo huracán de mayor impacto para las aseguradoras en México, afirmó este jueves la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que estimó 35 mil 468 millones de pesos (mil 940 millones de dólares o mil 768 millones de euros al cambio de hoy) en daños en bienes asegurados.

Las afectaciones de Otis están solo por debajo de los 2 mil 402 millones de dólares en bienes asegurados del huracán Wilma en octubre de 2005 y ya son casi el doble del tercero más devastador, Odile, con un costo de mil 292 millones de dólares en septiembre de 2014, según detalló la AMIS en un comunicado.

“Otis es hasta ahora el segundo huracán de mayor impacto en bienes asegurados. Tenemos una industria aseguradora que cuenta con tres veces el capital requerido por la regulación mexicana en materia de solvencia, por lo que es fuerte y sólida para responder”, aseguró Norma Alicia Rodríguez, directora general de la AMIS.

Otis rompió el 25 de octubre pasado el récord de intensificación para un ciclón en México por crecer de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas antes de tocar tierra en el sureño estado de Guerrero, donde dejó más de 50 muertos y 250 mil viviendas dañadas, según el Gobierno.

Los daños en viviendas representan 27 por ciento del total de pérdidas aseguradas, un valor de 9 mil 264 millones de pesos (506,78 millones de dólares), según la AMIS, que afirmó haber dado anticipos de pagos a 16 mil 518 propietarios.

También ha realizado 14 mil 668 valuaciones expeditas a vehículos asegurados, lo que hasta el momento representa 880 millones de pesos (48 mil 14 millones de dólares).

Mientras que las aseguradoras han hecho anticipos a 98 hoteles por mil 957 millones de pesos (107,05 millones de dólares).

“Al cierre de 2023, el sector ha pagado poco más de 6 mil 200 millones de pesos (339,1 millones de dólares) entre anticipos e indemnizaciones. Hasta hoy, del total de pagos, el 32 por ciento ha sido para el giro de hoteles», precisó Rodríguez.

En una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la zona afectada, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró el miércoles que el Gobierno ha invertido ya 25 mil 689 millones de pesos (casi mil n500 millones de dólares), de los 61 mil 313 millones de pesos (cerca de 3 mil 400 millones de dólares) que había prometido para la recuperación de Acapulco.

 EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto