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Identificados, 40 agresores de los LeBarón y los Langford

A dos meses del ataque de un grupo armado en contra de mujeres y niños integrantes de las familias Langford y LeBarón en Bavispe, Sonora, Julián LeBarón comentó que al momento las autoridades federales han identificado a al menos 40 implicados en el crimen, todos ellos originarios de Chihuahua.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para la Primera Emisión de Imagen Radio, y previo a su encuentro de hoy con el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, cuestionó la nula respuesta de la fiscalía de Chihuahua, a la cual, dijo, pidieron ayuda el 4 de noviembre tras el atentado en el que murieron nueve personas, entre ellas mujeres y niños.

“Al parecer han identificado a cuando menos a 40 personas que les dispararon a estas niñas y ya tienen a 7. Todos los identificados hasta ahora son del estado de Chihuahua. En la mañana del 4 de noviembre mi hermano le habló al fiscal de Chihuahua, se le pidió ayuda a la fiscalía y ellos nunca llegaron a la escena del crimen, ni a ayudar ni a colaborar con nosotros”, aseveró.

Entrevistado junto con su hermano Bryan, comentó que las autoridades han fracasado en dar respuestas, porque hay muchos funcionarios que no saben lo que están haciendo.

Consideró que los ciudadanos deben crear herramientas para destituir a los servidores públicos que no sirvan.

Agregó que no sólo se debe detener a todos los responsables de la masacre, sino también investigar a las autoridades locales.

Por su parte, Bryan LeBarón explicó que la familia quiere respuestas sobre el progreso de la investigación, mismas que también exigirán al presidente Andrés Manuel López Obrador durante el encuentro que sostendrán el próximo domingo en Bavispe.

Bryan señaló que México no sólo está perdiendo la batalla contra la delincuencia, sino la credibilidad en las instituciones, lo que afectará la economía nacional, porque los empresarios salen del país por temor a la inseguridad.

Consideró que la mejor inversión que puede hacer el gobierno es mejorar la seguridad y la estabilidad, lo que atraerá más turismo y más negocios. Por su parte, Julián, mostró su pesimismo para resolver el caso, porque, consideró, no hay herramientas para hacerlo.

Además de que las instituciones están podridas y no hay confianza en el proceso o sentencia. Cómo ejemplo, cito el homicidio de Juan Francisco, hijo de Javier Sicilia, y seis de sus amigos en una casa de seguridad del municipio de Jiutepec, así como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, los cuales siguen impunes.

Reiteró su llamado a la ciudadanía a enfrentar al crimen y a exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos, por lo que afirmó que de nada servirá que Estados Unidos catalogue como terroristas a algunos cárteles mexicanos, si los mexicanos no supera el miedo y comienzan a construir herramientas para obligar a autoridades a que se hagan responsables, porque, dijo: “el voto no sirve para ver qué vamos a correr… necesitamos elementos para llamar a cuenta a las autoridades”.

Finalmente, el mayor de los hermanos LeBarón, adelantó que la caminata por la paz saldrá el 23 de enero de Cuernavaca, Morelos, y que espera llegar el domingo 26 a la ciudad de México, a Palacio Nacional.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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