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México

Iglesia Católica: Gays son “enfermos mentales que propagan males sexuales”

La Iglesia católica embistió nuevamente contra la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI). En una contrarréplica publicada este domingo en su semanario Desde la Fe, los acusó de propagar enfermedades de transmisión sexual e implícitamente los consideró enfermos mentales. La Arquidiócesis también habló del matrimonio igualitario. Destacó que sí afecta a las familias tradicionales, pues fomenta el estilo de vida gay.

La Arquidiócesis de México arremetió de nueva cuenta contra la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI) y en una contrarréplica publicada este día en su semanario Desde la Fe los acusó de propagar enfermedades de transmisión sexual e implícitamente los consideró enfermos mentales.

En la contrarréplica al escrito enviado al periódico el 9 de septiembre por miembros de dicho colectivo, la Arquidiócesis, encabezada por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, acusó a las personas homosexuales de propagar enfermedades de transmisión sexual.

“[La comunidad LGBTTTI] Afirman que no están enfermas y luego se desdicen admitiendo que sí presentan problemas de salud, pero que éstos no se deben a su orientación sexual. Eso es falso. Incontables estudios científicos muestran que los homosexuales son quienes más padecen y contagian enfermedades de transmisión sexual”, mencionó el clero católico.

Además señaló que los niños que crecen en hogares homoparentales desarrollan problemas de autoestima y salud mental.

La Iglesia católica también habló del matrimonio igualitario. La contrarréplica destacó que sí afecta a las familias tradicionales, pues fomenta el estilo de vida gay.

“Sí lo afecta, porque aquí no se trata únicamente de que una pareja homosexual se case, sino de implementar en el país una serie de iniciativas que promueven el estilo de vida homosexual”, precisó el texto.

La Arquidiócesis detalló que los matrimonios entre personas de un mismo sexo son inestables. “Por otra parte, la inestabilidad de las uniones homosexuales se muestra en que ahora que tienen la opción de casarse y conformar un hogar estable, sólo un mínimo porcentaje lo ha hecho”, dice.

Luego de la contrarréplica, la Arquidiócesis rechazó difundir un mensaje de odio y consideró que, si la comunidad gay se siente ofendida, es bajo su propia responsabilidad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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