México
Imparables, homicidios y plagios en Guerrero
XOLAPA, GRO.- Los efectos de la inseguridad tienen las alarmas sonando en Guerrero. Pese a las declaraciones del gobernador interino, Rogelio Ortega, de que la violencia ha disminuido en la entidad, cifras del gobierno federal y de ONG coinciden en que asesinatos y secuestros siguen al alza.
Según los reportes mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), si los asesinatos en el estado representaban 8.6% del total del país el año pasado, ahora son 10.5%.
Igual sucede con los secuestros: si en el primer semestre de 2014 hubo 61 casos en el territorio, que equivalen a 6.3% del total nacional (957), un año después los raptos en el País cayeron a 686, pero los ocurridos en Guerrero se elevaron a 68. Ahí fue plagiada una de cada 10 víctimas en el País.
Como consecuencia, empresas importantes se han marchado del estado: Coca Cola Femsa cerró en Arcelia, Iguala y Chilpancingo; las automotrices Volkswagen, Eat y Canteras de México se retiraron de Iguala. El dirigente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rodrigo Alpízar, declaró que mil 300 compañías han cerrado en Guerrero desde la trágica noche de Iguala.
De manera similar, la matrícula de la Universidad Autónoma de Guerrero disminuyó. El rector Javier Saldaña informó que hasta el 25 de junio había 29 alumnos secuestrados.
Guerrero es también la zona del país donde los periodistas están más amenazados, con 38 agresiones entre enero y junio de 2015, de un total nacional de 227.
Fuente: Vanguardia.
México
Sheinbaum descarta pruebas contra Maru Campos en caso Jáuregui
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República no posee pruebas que involucren directamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, en el caso relacionado con el exfiscal César Jáuregui Moreno. La declaración se dio durante una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta del periodista Manuel Pedrero sobre la posible implicación de la gobernadora en las investigaciones que surgieron tras el operativo realizado en El Pinal y la posterior detención de Jáuregui.
Sheinbaum recordó que la primera imputación contra Jáuregui fue solicitada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que pidió una orden de aprehensión por delitos del fuero común relacionados con el operativo. “No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora”, indicó la mandataria.
La presidenta subrayó que corresponde a las fiscalías aclarar el alcance de las investigaciones y determinar responsabilidades, especialmente en relación con los señalamientos sobre la participación de personas extranjeras en el operativo de abril. Además, mencionó que la Fiscalía General de la República abrió una causa federal contra Jáuregui por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria, vinculados a la presunta intervención de extranjeros sin autorización en territorio nacional.
Sheinbaum evitó adelantar responsabilidades adicionales y reiteró que son las autoridades ministeriales las encargadas de presentar los elementos que sustenten cada acusación. Sin embargo, reveló que existen otras investigaciones abiertas contra el exfiscal por asuntos distintos al caso de El Pinal, aunque no proporcionó detalles sobre los posibles delitos investigados.
“Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el fiscal o el exfiscal que hoy está detenido”, afirmó. Ante la pregunta de si estas nuevas indagatorias también correspondían al delito de traición a la patria, Sheinbaum aclaró que se trata de otros posibles delitos, pero no pudo revelar información adicional, señalando que corresponde a la Fiscalía hacerlo cuando legalmente proceda.
El posicionamiento de la presidenta se produce en un contexto en el que Jáuregui enfrenta procedimientos distintos en los fueros estatal y federal. Las investigaciones y acusaciones abiertas no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad, por lo que su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.
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