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México

Importante: maestros si perderán su plaza si reprueban evaluación

Con 63 votos a favor, 57 en contra y 0 abstenciones, el Senado aprobó en lo particular la nueva Ley del Servicio Profesional Docente y la turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El debate de esta ley duró más de tres horas, lo que ocasionó que al término de la sesión, que fue a las 1:56 horas de este miércoles, los senadores se mostrarán muy fatigados; sin embargo, eso no fue motivo para que los legisladores no dejaran de celebrar de forma efusiva la aprobación de esta legislación.

Con esta nueva ley aprobada por el Senado, los profesores mexicanos de educación pública básica y media superior tendrán hasta tres oportunidades para aprobar las nuevas evaluaciones obligatorias a las que serán sometidos o de lo contrario serán sancionados, ya sea reasignándolos a otras tareas o quitándoles sus plazas.

La legislación, que ha generado protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), establece que si un profesor reprueba una vez entrará a programas de regularización y, a más tardar en un año, tendrá que evaluarse de nuevo. Si reprueba por segunda ocasión, podrá regresar a regularización y tendrá otro año para someterse a un tercer examen.

“En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda”, señala el artículo 53 del documento aprobado por mayoría, que fue enviado al presidente Peña para que sea promulgado.

Para los profesores contratados después de que la ley entre en vigor, la sanción será la pérdida de su plaza. En tanto, para los que actualmente están en activo consistirá en ser reasignados a otras áreas del servicio público —fuera de los salones de clase— o ser exhortados a retirarse, indica el artículo octavo transitorio de la legislación.

Los resultados de las evaluaciones serán información pública, aunque las autoridades no podrán detallar las “recomendaciones individuales” que den a un profesor porque éstas serán consideradas datos personales.

Desde que comenzó a discutirse en el Congreso, la ley causa molestia entre integrantes de la CNTE, que la consideran lesiva de los derechos laborales del magisterio.

Líderes de agrupación afirman que ese tipo de evaluación es “punitiva” porque facilitará el despido de profesores y, desde hace dos semanas, han convocado a manifestaciones en sedes legislativas, plazas, televisoras y algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México.

De hecho este martes, durante la discusión de la Ley del Servicio Profesional Docente, el Senado fue fuertemente blindado ante la amenaza por parte de la CNTE de que el recinto sería cercado, y a aunque sí tuvieron lugar protestas del magisterio en las calles que rodean el inmueble, los legisladores pudieron llegar a pie, incluso, en bicicleta, como la senadora por el PAN Laura Rojas.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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