Ciudad de México.– La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de aplicar un impuesto del 8% a los videojuegos catalogados como violentos ha generado polémica entre jugadores y especialistas, quienes cuestionan tanto los argumentos de salud pública como la verdadera intención de la medida.
De acuerdo con la iniciativa enviada al Congreso, los títulos de guerra y terror serían incluidos en la misma categoría fiscal que refrescos, cigarros y apuestas, bajo el argumento de que representan un riesgo para la salud.
El gobierno citó un estudio realizado en Costa Rica en 2012 que vinculaba los videojuegos violentos con conductas agresivas, aunque el mismo documento reconoce que la evidencia es contradictoria e incluso señala posibles beneficios, como la reducción del sedentarismo.
Para los expertos, la propuesta responde más a fines recaudatorios que de salud pública. México es el mercado más grande de videojuegos en América Latina y ocupa el décimo lugar mundial en ventas, con un valor de 2,300 millones de dólares anuales.
La medida promete ingresos millonarios, pero también ha encendido la inconformidad de la comunidad gamer, que acusa al gobierno de usar argumentos débiles para justificar un nuevo gravamen.
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