Chihuahua

Impulsa Ficosec Modelo anticorrupción de Karewa

En su segundo año de implementación, Ficosec en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID en México), financiará el proyecto “Modelo anticorrupción Karewa” el cual da seguimiento a las cuentas públicas del ayuntamiento de Chihuahua y a diferentes dependencias del Gobierno del estado de Chihuahua con la intención de verificar el nivel de cumplimiento en la publicación de cuentas públicas.

Con una inversión de un millón, 128 mil 64.68 pesos por parte de Ficosec y una aportación adicional que hacen USAID México y Karewa CUU A.C., este modelo se desarrollará a partir de octubre de 2021 y hasta septiembre de 2022 favoreciendo a que la ciudadanía pueda tener el conocimiento de las contrataciones públicas que hace el gobierno en la capital del estado y en diferentes instancias del gobierno estatal, impulsando con ello la transparencia, la rendición de cuentas y un efectivo estado de derecho.

Asimismo, se pretende que con este modelo –que ya ha sido probado– se logre aumentar en la calificación que obtiene la estructura gubernamental en el Índice de Riesgo de Corrupción (IRC), la cual reflejaría una buena implementación y una intención de mejora por parte de las instituciones públicas verificadas y evaluadas.

Dentro de las actividades destacan el monitoreo a partir de la metodología del Modelo Karewa, la capacitación a funcionariado de las dependencias seleccionadas y diversos rally de monitoreo a cargo de estudiantes de nivel superior y comunidad en general interesada en llevar este seguimiento.

Previo al inicio de este proyecto se efectuó la firma del convenio de colaboración entre el director de Fundación Ficosec A.C., Arturo Luján Olivas, la coordinadora de la Unidad de Proyectos, Andrea González, así como la directora de Karewa CUU A.C., Nancy Estrada Meléndez y el coordinador del Monitor Karewa, Edgar Rentería.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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