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Impunidad en México alcanza un 95 por ciento

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El gobernador Javier Corral encabezó el inicio del Encuentro Chihuahua “Seguridad y justicia”, en el cual especialistas en estos rubros disertarán sobre diversos tópicos relacionados con estos relevantes temas para el país, durante el desarrollo del foro en el Museo Casa Chihuahua.

“Estamos muy contentos por llevar a cabo el segundo Encuentro Chihuahua y nuevamente el estado se pone en el centro de las grandes discusiones nacionales y que mejor aquí, en el primer estado en la República Mexicana en implementar el sistema acusatorio adversarial, conocido como el nuevo sistema de justicia penal, desde enero de 2007”, declaró el gobernador.

El jefe del Ejecutivo dio la bienvenida a Francisco Gatica, en representación del comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia; al fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche; a la magistrada Angélica Marina Díaz; a la investigadora Sigrid Arzt Colunga, al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJE), Pablo Héctor González; al diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, así como al ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia.

El gobernador señaló que hacer esperar a la justicia es hacer injusticia, porque la correcta y oportuna administración de justicia es la columna vertebral de toda sociedad en paz y armonía: “Seguridad, justicia y paz son asunto que van de la mano”, dijo.

Enfatizó que la impunidad es la raíz de muchos de los males del país, toda vez que del total de delitos consumados solamente existe un 4.6 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja casi un 95 por ciento de impunidad.

En relación a los cuerpos policíacos, el gobernador afirmó que están debilitados porque no se había puesto en el centro la necesidad de capacitarlos y profesionalizarlos.

Javier Corral dio a conocer que en Chihuahua se trabaja en este proceso para contar con una mejor corporación que verdaderamente esté al servicio de la ciudadanía.

En lo referente al mando único o mando mixto, dijo que actualmente se encuentra en análisis en el Congreso de la Unión y otro relevante pendiente es la Ley de Seguridad Interior, lo cual advierte la necesidad de un marco regulatorio para la actuación de las fuerzas armadas: “Hemos invitado a elevarla a la categoría de ley de seguridad humana”, asentó.

El titular del Ejecutivo mencionó que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha estudiado como “el fenómeno de la puerta giratoria”, como consecuencia de algunas impresiones en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Javier Corral explicó que Chihuahua, a través de la Fiscalía Estatal envío un memorándum a la Comisión de la Procuración de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con ajustes al citado Código y el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.

“Creemos en el modelo en general y estamos convencidos del modelo; pero si no se hacen ajustes en términos de una interpretación que hoy permite laxitud e incluso concede patente de impunidad a algunos delincuentes, este esquema puede ser descalificado en su conjunto”, aseveró.

Al concluir su primera participación en el foro, el mandatario estatal reiteró su gratitud a los participantes por aceptar generosamente compartir sus conocimientos, experiencia, puntos de vista en estos temas, dada su decantada trayectoria en su profesión, en el servicio público, la investigación, la academia y la impartición de justicia.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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