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INAH logró detener la subasta de documentos históricos mexicanos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México denunció ante la Fiscalía que en una subasta, que se llevará a cabo el 21 de julio, se pondrían a la venta manuscritos del siglo XVIII y XIX, los cuales calificó de “monumentos históricos”.

El INAH confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y está en espera de las diligencias correspondientes. Pero, tras darse a conocer esta infomación, Morton Subastas envió una tarjeta informativa al periódico Reforma en la que aseguró que no procedería el comercio de materiales que generen dudas o sospechas acerca de su origen.

Indicó que no es esta empresa quien adquiere los lotes, sino que funge como un intermediario entre los particulares y los vendedores. Su función, dijo, es únicamente visibilizar y transparentar la compra venta de insumos.

Destacó que “la sustracción de bienes históricos y/o artísticos de colecciones públicas y privadas es un delito grave que debe investigarse para procurar justicia; de allí la importancia de contar con catálogos e inventarios que den cuenta del patrimonio cultural, poniendo énfasis en las obras reportadas como robadas”. Finalmente, destacó que los sistemas de vigilancia y resguardo del país deben fortalecerse.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura, a través del INAH, señaló que tras conocer la subasta de libros y documentos de la Colección y Biblioteca Backal, organizada por la Casa de Subastas Morton, un especialista del Instituto realizó un dictamen en materia de documentos históricos.

El experto concluyó que “15 manuscritos correspondientes a los lotes 34 y 147 fueron elaborados entre los siglos XVIII y XIX, por personal que ejercía su profesión al interior del Sagrario Metropolitano de la Catedral de México”.

Además, determinó que esos documentos «formaron parte del archivo administrativo e histórico del Sagrario Metropolitano, puesto que su contenido (censos) era parte fundamental para conocer el padrón de los sujetos obligados al pago del diezmo».

Por estas razones, el INAH señaló “que estos documentos poseen la calidad de Monumentos Históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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