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INAH logró detener la subasta de documentos históricos mexicanos

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México denunció ante la Fiscalía que en una subasta, que se llevará a cabo el 21 de julio, se pondrían a la venta manuscritos del siglo XVIII y XIX, los cuales calificó de “monumentos históricos”.

El INAH confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y está en espera de las diligencias correspondientes. Pero, tras darse a conocer esta infomación, Morton Subastas envió una tarjeta informativa al periódico Reforma en la que aseguró que no procedería el comercio de materiales que generen dudas o sospechas acerca de su origen.

Indicó que no es esta empresa quien adquiere los lotes, sino que funge como un intermediario entre los particulares y los vendedores. Su función, dijo, es únicamente visibilizar y transparentar la compra venta de insumos.

Destacó que “la sustracción de bienes históricos y/o artísticos de colecciones públicas y privadas es un delito grave que debe investigarse para procurar justicia; de allí la importancia de contar con catálogos e inventarios que den cuenta del patrimonio cultural, poniendo énfasis en las obras reportadas como robadas”. Finalmente, destacó que los sistemas de vigilancia y resguardo del país deben fortalecerse.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura, a través del INAH, señaló que tras conocer la subasta de libros y documentos de la Colección y Biblioteca Backal, organizada por la Casa de Subastas Morton, un especialista del Instituto realizó un dictamen en materia de documentos históricos.

El experto concluyó que “15 manuscritos correspondientes a los lotes 34 y 147 fueron elaborados entre los siglos XVIII y XIX, por personal que ejercía su profesión al interior del Sagrario Metropolitano de la Catedral de México”.

Además, determinó que esos documentos «formaron parte del archivo administrativo e histórico del Sagrario Metropolitano, puesto que su contenido (censos) era parte fundamental para conocer el padrón de los sujetos obligados al pago del diezmo».

Por estas razones, el INAH señaló “que estos documentos poseen la calidad de Monumentos Históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.

Fuente: Infobae

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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