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México

INAI ordena a PGR dar a conocer cantidad de drogas aseguradas en el último año

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer la información relativa al aseguramiento de drogas, reportada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de agosto a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017.
El comisionado presidente del organismo, Francisco Javier Acuña Llamas destacó que el ejercicio del asunto permite clarificar ante la mirada pública los avances en el combate al narcotráfico y a todos los aspectos que rodean los ejercicios de decomiso y de aseguramiento de estupefacientes en todas sus variantes”.

Una particular solicitó los kilogramos de marihuana, cocaína, ice, cristal, heroína y diversas drogas aseguradas por las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el país, que han sido puestas a disposición de la PGR entre 2013 y 2017.

En respuesta, la PGR informó que la solicitud fue turnada para su atención al CENAPI, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la Oficialía Mayor (OM).

De las cuales, la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, adscrita a la OM, después de realizar una búsqueda en sus archivos y bases de datos, proporcionó estadística con información relacionada con la droga asegurada en el periodo de enero de 2013 a junio del 2017.

Por lo anterior la particular presentó un recurso de revisión ante el INAI en el que manifestó que la PGR le entregó la información incompleta.

En sus alegatos, la PGR hizo del conocimiento de la particular que el CENAPI proporcionó una relación denominada Aseguramiento de Drogas del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016 y el total; asimismo, la SEIDO entregó un cuadro estadístico desagregado en droga, año y total.

Mientras que la SEIDF no localizó antecedente y/o registro alguno relacionado con la petición, y la SCRPPA indicó que la unidad competente es la OM, a través de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales.

Por último, la Oficialía Mayor reiteró la información estadística proporcionada en el oficio de respuesta, relacionada con la droga asegurada en el periodo peticionado.

En ese sentido, Acuña Llamas apuntó que, para cumplir adecuadamente la solicitud de acceso a la información, es necesario proporcionar los datos del CENAPI en la totalidad del periodo emplazado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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