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México

INAI plantea a Senado analizar artículo 9 de Ley de Seguridad Interior

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, consideró importante analizar con mayor amplitud la redacción actual del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, para evitar cause confusiones en su interpretación e implicaría retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información.

Señaló que merece un análisis de mayor amplitud y confió en que los senadores escuchen otras voces y tomen en su caso, la decisión de atender la sugerencia, y redactar de mejor manera ese texto para que no se preste a fomentar confusión.

En todo caso, dijo, deje claro que de ninguna manera la información que tenga origen en las cuestiones de la seguridad nacional o en la seguridad interior tenga la posibilidad de volverse intocable o inaccesible a cualquier ciudadano.

Ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, expresó la preocupación del INAI porque la interpretación de dicho artículo contravenga el principio de máxima publicidad.

Ello, previsto en la Constitución que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.

Acuña Llamas precisó en un comunicado que se tienen dos preocupaciones técnicas sobre la redacción; una, que la reserva se vuelva otra vez, como era en el pasado, automática y extensiva, y que se burle o se pueda burlar el procedimiento obligado.

Planteó a los senadores el posicionamiento del Pleno sobre el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, disponible en http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-411-17.pdf, y confió en que se hagan las adecuaciones para evitar regresiones en materia de transparencia.

En la reunión intervinieron la presidenta de la Jucopo, Ana Lilia Herrera Anzaldo; el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Alejandro Ramos; los senadores Cristina Díaz Salazar y Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Roberto Gil Zuarth y Enrique Burgos García.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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