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Inauguran sucursal de «Arte Popular» de creadores indígenas

La dignificación del trabajo de las comunidades indígenas que por años han sido relegadas se vuelve una realidad con la inauguración de la sucursal de “Arte Popular”, el en Centro Histórico, expresó la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, al ser partícipe de esta apertura al lado del gobernador del Estado, Javier Corral Jurado.
Comentó que fue un proceso largo el que requirió el convenio de trabajo entre Estado y Municipio para otorgar el local que ahora alberga este sitio de exposición, venta y promoción de artesanías elaboradas por las diferentes etnias indígenas de Chihuahua, ello debido al alto interés de renta por la ubicación del mismo.
Maru Campos manifestó que los gobiernos humanistas se distinguen por estar pendientes de quienes menos tienen, menos sabe y menos pueden, por lo que en este lugar se representa el trabajo, esfuerzo, cultura y arte de los indígenas chihuahuenses que será pagado por su valor y no mal barateado como ocurre usualmente.
“Este nuevo espacio cambia el contexto de la antigua tienda de artesanías y estamos contentos por la parte física, por el cambio de imagen, pero sobre todo por lo que enseñamos a la ciudadanía en cultura y en valores por medio de los productos que aquí se comercializarán”, indicó la Presidenta Municipal.
El Gobernador agradeció a la Alcaldesa por este espacio privilegiado en el corazón de la ciudad, para los artesanos de Chihuahua, a su vez, invitó a la ciudadanía en general a conocer la artesanía local, comprar productos meramente chihuahuenses y sobre todo, valorar lo que significa históricamente y la trascendencia cultural de las obras que elaboran los representantes indígenas.
La nueva sucursal de Arte Popular, está ubicada en la Plaza de Armas, en donde además de la comercialización de productos elaborados por las 4 etnias representativas del estado, las cuales son: rarámuri, pimas, tepehuanos del norte y guarojíos, así como de artesanos mestizos y productores de la región, será también fuente de información para turistas y ciudadanos, así como un vínculo con el centro de Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua (Fodarch).
En esta inauguración se contó con la presencia del gobernador indígena de Huicorachi Bocoyna, José Daniel Chacarito; el gobernador indígena de Cusarare en el municipio de Guachochi, José Quirino Nava; Refugio de Castillo Pinto, representante de los artesanos Pima; Catalina Batista representante de artesanos rarámuris; Maria Concepción Landa, secretaria de Cultura de Gobierno del Estado, Isela Martínez directora de Fodach, Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado, entre otras autoridades.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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