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México

Incautaron cargamento de cocaína de más de 3 millones de pesos

Elementos del Ejército Mexicano incautaron más de 3 millones de pesos en cocaína en la entidad federativa de Tamaulipas.

La droga, con un peso de 13.9 kilogramos, fue decomisada a una mujer en un punto de revisión militar en el ejido de Oyama, ubicado en el municipio de Hidalgo, informó la Octava Zona Militar.

Todo ocurrió cuando la presunta criminal, a bordo de un vehículo compacto, arribó al retén de seguridad: durante la inspección de rutina, los agentes detectaron la cocaína valuada en alrededor de 3.4 millones de pesos.

En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz”, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado, personal del Puesto Militar de Seguridad de Oyama realizó al revisión del vehículo que procedía de Tampico y que tenía como destino Monterrey.

Uniformados descubrieron la droga escondida dentro de un doble fondo debajo del asiento de la conductora. La mujer terminó siendo detenida por las autoridades.

Los 14 paquetes, con un peso total de 13 kilos y 900 gramos, contenían una sustancia con características similares a las de la cocaína. De acuerdo con los reportes, el narcótico incautado tiene un precio estimado de 3,419,000 pesos en el mercado nacional.

La conductora, la droga y el automóvil quedaron asegurados y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público y de la Fiscalía General de Justicia Tamaulipas, autoridades encargadas de llevar a cabo el dictamen químico y el peso oficial de la posible cocaína, informó la vocería de la Octava Zona.

Por otro lado, Sandra Barrios López, La Tía, supuesta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México, fue procesada junto con su chofer, Iván Alberto Pérez Serrano, El Iván, por transportar un cargamento de cocaína con destino al bastión de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso luego de que la pareja fuera detenida en calles de la colonia Morelos el pasado 3 de noviembre. Supuestamente, Barrios López ofreció un millón de pesos para que la dejaran ir y alegó protección de agentes en la capital.

Los delitos que se acusan son contra la salud en la modalidad de posesión con fines de transporte de clorhidrato de cocaína y cohecho. De acuerdo con reportes preliminares, La Tía y El Iván planeaban llevar 49 kilogramos del narcótico a Jalisco que habían recogido en Veracruz.

Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte otorgó la vinculación a proceso y autorizó la prisión preventiva oficiosa, luego de datos portados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La Tía es originaria de Chiapas y Pérez Serrano es originario de Sinaloa pero radicaba en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ella tiene 51 años de edad y su presunto cómplice 33.

Luego de ser detenidos, Barrios López y Pérez Serrano fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud. El juzgador otorgó dos meses para la investigación complementaria.

La Tía se decía protegida por agentes federales y alegó que trabajaba con El Capi, presunto miembro de la Guardia Nacional (GN). Ambos fueron detenidos cuando viajaban a bordo de un vehículo con placas del Estado de México.

Aunque la FGR reportó el aseguramiento en la colonia Morelos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina consignó el arresto en calles de la colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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