La petición de inmunidad hecha por el gobierno mexicano para evitar el enjuiciamiento del ex presidente Ernesto Zedillo en Estados Unidos por el caso Acteal es inconstitucional, a decir de la defensa de las 10 supuestas víctimas de la masacre de indígenas ocurrida en diciembre de 1997, quienes en septiembre de 2011 presentaron una demanda civil contra el ex mandatario ante una corte federal de Connecticut.

De acuerdo con la corresponsal de Noticias MVS en Washington, Dolia Estévez, losabogados de las supuestas víctimas (que se mantienen en el anonimato) presentaron un amparo en un juzgado del Distrito Federal, argumentando lainconstitucionalidad de la solicitud de inmunidad hecha por el presidente Felipe Calderón, a través de una misiva del embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Los abogados defensores han pedido al juez del caso, Alvin Thompson, que espere la resolución del amparo antes de pronunciarse sobre el proceso judicial contra el ex presidente, quien fue acusado por su presunta responsabilidad en la matanza de 22 indígenas.

La inconstitucionalidad aludida fue sustentada por el abogado Agustín López Padilla, quien argumentó que la inmunidad para los presidentes mexicanos sólo es válida durante su encargo y un año después, que no existe inmunidad en casos de orden civil y que las autoridades mexicanas no tienen competencia para solicitarla. Asimismo, recordó que la demanda civil contra Zedillo tuvo origen en un hecho criminal.

Estévez recordó que en este caso, “la intervención de Calderón fue la clave en la decisión que tomó el departamento de Estado” para conceder la inmunidad a Zedillo.