Chihuahua

Incremento de peaje en casetas será de un 4.70 %

A partir del 7 de enero las tarifas en las casetas de peaje en la entidad tendrán un ajuste del 4.70 por ciento, que es ligeramente menor al índice de inflación acumulada al mes de noviembre de 2018 que fue del 4.72 por ciento.

Al respecto el gobernador Javier Corral Jurado aclaró que no hay ningún aumento real en las cuotas: “Existe dentro del presupuesto, como en el año pasado y el antepasado, el ajuste inflacionario, que por cierto es menor que la inflación”, manifestó durante su primera rueda de prensa del año.

El subsecretario de Ingresos de la Secretearía de Hacienda, Juan Pablo García Delgado, informó que con autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las nuevas tarifas entran en vigor a partir del 7 de enero de 2019 y se dan a conocer en la siguiente tabla:

“Es muy importante aclararle a la ciudadanía y a los chihuahuenses que no es un aumento en la tarifa de las casetas, lo que es en términos reales es un ajuste inflacionario ligeramente por debajo de la inflación”, señaló García Delgado

Explicó que dentro de los títulos de concesión de las carreteras estatales y federales se establece la obligación en los distintos anexos de tener actualizadas las tarifas de las casetas de cuota.

“Cada vez que haya inflación si es por debajo de 5 puntos porcentuales, se tiene que hacer la actualización tarifaria una vez al año, se somete a la autorización de la SCT en cumplimiento a los títulos de concesión y es la SCT quien autoriza y registra las nuevas tarifas, como es el caso”, dijo García Delgado.

En caso de que la inflación rebasara el 5 por ciento anualizada, se tendría que someter de manera semestral, agregó.

“No es una manera de incrementar los costos de peaje, es actualizarlos para efecto de que no pierdan su valor”, reiteró.

“Incluso es ligeramente debajo dela inflación. La referencia que se está tomando es la inflación disponible a noviembre (de 2018), que es de 4.72 puntos porcentuales y el aumento está en promedio en 4.70 de ajuste inflacionario”, puntualizó

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Chihuahua

Víctimas de Aras acusan a Fiscalía de negligencia y opacidad en reparación del daño

El abogado Felipe Acosta, representante de más de 500 afectados por el caso Aras, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisiones y negligencias en el cumplimiento de la reparación integral del daño, a pesar de que existe una sentencia firme desde el 14 de diciembre de 2024 que establece con claridad los términos para resarcir a las víctimas.

Acosta, quien integra un grupo de alrededor de 40 abogados que defienden a unas 2 mil 800 personas, rechazó las declaraciones del fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza, quien aseguró que el caso se ha llevado “puntualmente”. El litigante señaló que, si esto fuera cierto, los pagos ya habrían comenzado hace un mes, pues los bienes están asegurados y no existe justificación para que aún no se cuente con los avalúos e inventarios completos.

El abogado denunció falta de coordinación entre autoridades, afirmando que no se comparte la información de forma adecuada y que parece haber un “teléfono descompuesto” entre la Fiscalía General y la Fiscalía Zona Centro. También advirtió que el proceso debe incluir a todas las víctimas y no solo a algunas, y que las omisiones podrían derivar en responsabilidad institucional del Gobierno del Estado y la FGE.

Acosta explicó que los abogados particulares han promovido más de 400 acciones ante el juez de ejecución y 200 ante el juez federal, mientras que los defensores de la fiscalía están limitados para actuar contra la propia institución. Aseguró que los avances logrados han sido gracias al trabajo de asesores jurídicos independientes y no de la Fiscalía, que —dijo— solo ha actuado como “custodio” de los bienes asegurados.

El representante legal cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que, aunque solicitaron acceso para avaluar e inventariar los 69 bienes asegurados, solo se les permitió hacerlo en 33. También pidió que la participación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, designada por el gobierno estatal para intervenir en el caso, se complemente con representación de las víctimas, para garantizar avalúos justos y evitar pérdidas de valor que reduzcan la compensación.

Acosta recordó que los abogados se retiraron de las mesas de trabajo por la falta de avances reales y reiteró el llamado a que la FGE pase de la custodia pasiva de bienes a la ejecución efectiva de acciones que permitan concretar la reparación del daño.

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