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México

Indagan a alcaldesa de la Ciudad de México por plagio y robo

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició, por primera vez, una investigación en contra de un alcalde de la Ciudad de México, luego de que dos mandos de la Policía Auxiliar, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, denunciaran a la titular de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, “por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte”.

La dependencia explicó que los uniformados fueron agredidos física y verbalmente, con palabras altisonantes, por la funcionaria y sus colaboradores, luego de las acciones que realizaron para reordenar el comercio informal en el Centro Histórico, en coordinación con autoridades del gobierno capitalino. “Se generó un diferendo en relación con la competencia en el tema de la venta en vía pública en el perímetro comprendido entre Correo Mayor y Circunvalación, para lo cual se acordó una reunión en próximos días donde se tratarían los lineamientos en el tema”, indicó la FGJ.

La noche del viernes, los mandos policiacos fueron requeridos “de manera urgente” por el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la alcaldía, José Francisco Delgadillo, a una reunión con Cuevas “con el argumento de dialogar y trabajar en la ampliación del servicio de vigilancia”.

Los primeros reportes indican que el director del sector 52 Orca, Eduardo Camacho García, y el director de la región 2 Pegaso, Faustino García Luna, entraron a la oficina de la alcaldesa en donde se encontraban otros siete funcionarios, “quienes de manera inmediata los rodearon para evitar que pudieran salir”.

Posteriormente, la alcaldesa “los agredió expresándoles que ella era quien pagaba y que no quería volver a verlos”, justo cuando golpeó al director del sector 52 Orca, por lo que el director de la región 2 Pegaso trató de evitar las agresiones; sin embargo, los servidores públicos, incluida Cuevas, se fueron a los golpes contra los mandos.

Los policías fueron despojados de sus teléfonos celulares y de los radios que usan para comunicación; cuando intentaron salir de la oficina, la funcionaria ordenó que se les retuviera en el salón de Cabildos, donde permanecieron más de una hora privados de la libertad, además de que fueron videograbados por varias personas con sus teléfonos celulares.

Un escolta del mando del sector 52 se percató y escribió en la palma de su mano: “R9 al jefe por R1”, es decir “detención del jefe por orden de la alcaldesa”, y se recargó en la puerta de cristal del lobby para pedir ayuda a otros efectivos de la SSC que por los gritos se acercaron a unos metros de la oficina de la alcaldesa.

Fue así que personal de la SSC acudió al sitio en auxilio de sus compañeros, por lo que la denuncia menciona que “finalmente, tras golpes y empujones, ambos mandos pudieron salir de las citadas oficinas”.

Además de Cuevas y Delgadillo, en la reunión se encontraba la directora de Mercados y Vía Pública, Jessica Hernández Ortega.

La FGJ señaló que “en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, los uniformados señalaron que posteriormente otro servidor público que ocupa el cargo de jefe de la oficina de la alcaldesa les solicitó no denunciar los hechos, ya que eso repercutiría en contra de la titular de la demarcación”.

El conflicto empezó cuando la noche del viernes personal de Mercados Públicos y Vía Pública de la alcaldía, encabezado por Hernández Ortega, fue enviado al primer cuadro de la ciudad e ingresó por la calle Corregidora.

“En estos momentos mi equipo de la Dirección General de Gobierno se encuentra en la colonia Centro, buscando mesas de trabajo contigo para controlar el comercio en vía pública. Te pido no te opongas y no amenaces a mi personal con la fuerza pública”, difundió la alcaldesa en un mensaje en sus redes sociales dirigido a la subsecretaria de Programas de Alcaldías del gobierno central, Dunia Ludlow, junto con un video en el que se aprecia a los uniformados sin intervenir.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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