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México

INE aprueba 5 mil 239 mdp de financiamiento para partidos políticos en 2020

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó 5 mil 239 millones de pesos de financiamiento público para las actividades de partidos políticos en 2020.

En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el anteproyecto de acuerdo del Consejo General fijó la distribución de los montos a entregar para el próximo año, conforme a lo establecido en la Constitución y en los ordenamientos correspondientes.

De esta forma, será el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el partido que más recursos ingrese, pues en la votación de la Cámara de Diputados de 2018 obtuvo el porcentaje más alto de respaldo entre los ciudadanos.
El financiamiento para 2020 se distribuirá conforme a 4 rubros de gasto establecidos por la autoridad electoral: actividades ordinarias, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica.

El presupuesto de actividades ordinarias y específicas se dividirá 30% de forma igualitaria y 70% proporcional a la votación obtenida; en tanto que las franquicias postal y telegráfica se distribuirán de forma igualitaria entre todos los partidos nacionales.

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Los montos previstos por rubro por el INE son: $4,988.864,914 para actividades ordinarias; $149,665,947 para actividades específicas; $99,777,300 para franquicia postal y 693 mil 490 pesos para franquicia telegráfica.

En el anteproyecto aprobado se contempla el gasto en franquicias postal y telegráfica sólo hasta el primer semestre de 2020, pues la autoridad electoral esperará a conocer si aparecen nuevos partidos con registro oficial para redistribuir la mitad de los recursos previstos para el segundo semestre.

En caso de que no se otorgue el registro a partido político alguno, se mantienen los montos indicados.
En el caso de Morena, que es el grupo político que más dinero recibirá, los recursos asignados por actividades ordinarias corresponden a $1,653,944,795, mientras que por actividades específicas ingresará $49,618,343. En lo que hace a su porcentaje por franquicia postal y telegráfica, los montos son de $7,126,950 y $49,535, respectivamente.

En total, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá mil 661 millones 171 mil 211 pesos como presupuesto para 2020. A dicha partida deberá sumarse un estímulo para el liderazgo político de las mujeres por $49,618,343.

sdp noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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