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México

INE aprueba multa de 197 mdp a Morena y al PRI por 36 mdp

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de dictamen con el que se le impone a Morena una sanción de 197 millones de pesos por las irregularidades detectadas en el fideicomiso para apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre, sin que ello impacte en la contabilización de los gastos de campaña.

El presidente de la Comisión, Ciro Murayama Rendón, explicó que a este fideicomiso ingresaron 78 millones 818 mil 566 pesos, a través de depósitos en efectivo por 44 millones de pesos, además de que personas realizaron aportaciones de personas morales y se realizaron retiros por 64 millones 481 mil 700, principalmente a miembros del partido a través de cheques de caja.

“Se trata de una conducta que se califica de gravedad especial y se sanciona con el 250% del monto involucrado estamos hablando una sanción de 197 millones de pesos 46 mil 413, dado que es dinero en efectivo no se le puede seguir el rastro y no tenemos pruebas de que este dinero se haya usado como gasto de campaña será una sanción al financiamiento ordinario del partido”.

Por su parte, la dirigente de ese instituto político, Yeidckol Polevnsky, afirmó que este fideicomiso es privado, por lo que no recibe recursos del partido.

“Es un fideicomiso absolutamente privado, encabezado por gente intachable de conducta absolutamente reconocida, como Elena Poniatowska, el padre Solalinde, Pedro Miguel y esto tiene a quien se le ha depositado, a quien se apoya, a quien se ayuda, no recibe un solo centavo del partido, no es de Morena, yo no sé las cuentas del fideicomiso porque no es parte del partido, pero fue una parte de la estrategia que usaron los candidatos para tergiversar las cosas de lo que realmente son”.

No obstante, Ciro Murayama refirió que con la investigación se logró acreditar que se trata de un fideicomiso que se creó por determinación de la dirigencia del partido y de lo cual no se notificó a la autoridad electoral.

Asimismo, el consejero electoral informó que el PRI se le impuso una sanción de 36.5 millones de pesos por el desvió de recursos públicos en Chihuahua para favorecer a los candidatos de ese instituto político.

“En la investigación se acreditó que desde la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua se realizaron aportaciones por 14 millones 617 mil 881 pesos al PRI, se trató de un esquema de simulación a partir de supuestas aportaciones voluntarias de trabajadores, pero el hecho es que los recursos salieron del erario público y entran al partido, por lo cual se está estableciendo una sanción del 250 por ciento al provenir de un ente prohibido, de tal suerte que la sanción será por 36 millones 544 mil 702 pesos”.

Ciro Murayama comentó que al PAN también se le impuso una sanción de 3 millones de pesos por las aportaciones que recibió su otrora candidato presidencial, Ricardo Anaya, de una persona moral por un monto de 1.5 millones de pesos.

Agregó que por estos hechos se acordó dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y detalló que ese tema será discutido por el Consejo General del INE en su sesión del 18 de julio.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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