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México

INE impone multas por 5.3 mdp a partidos por precampañas

El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó en sesión de su Consejo General imponer multas por 5.3 millones de pesos para los partidos que participan en precampañas electorales en las seis entidades donde se realizarán comicios el próximo 2 de junio, destacando la elección para gubernatura en Puebla y Baja California.

De acuerdo con el resolutivo, Morena deberá pagar un total de 2.3 millones de pesos, de los que 2.1 millones corresponden solamente a la precampaña en Puebla.

Al Partido Acción Nacional (PAN) se le impuso una multa de 1.6 millones de pesos; al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le corresponde una sanción de 505 mil pesos y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) un desembolso de 450 mil pesos.

El INE, a través del consejero Benito Nacif detalló que la mayor parte de las sanciones se generaron debido a que los candidatos no presentaron en tiempo y forma su informe de gastos y ejemplificó que se hallaron desembolsos por 1.1 millones de pesos por concepto de eventos no reportados.

Por otra parte, el Consejo General del INE aprobó la destrucción de las boletas y la papelería electoral utilizada durante las elecciones federales del 1 de julio de 2018. Los materiales destruidos serán utilizados como papel reciclado para la elaboración de los libros de texto gratuitos.

El consejero Jaime Rivera señaló que el próximo lunes se firmará un convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), para que pueda reutilizar el material en cuestión

Apuntó que son miles de toneladas de papel las que reciclarán a partir de tecnologías limpias y mecanismos amigables con el medio ambiente, atendiendo la legislación electoral, la cual privilegia tales instrumentos.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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