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México

INE investiga actuar de consejeros locales

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abiertos 13 procedimientos de remoción contra consejeros integrantes de Organismos Públicos Locales (OPL) de 10 entidades, a quienes se acusa de parcialidad, “notoria negligencia”, omisiones o descuido.

Los quejosos han sido los partidos: PAN y PRI para el caso de los consejeros de Sonora y la presidenta Guadalupe Taddei Zavala, quien de acuerdo a la querella panista ha cometido “infracciones a la legislación electoral vigente, tanto local como federal, que actualizan cuando menos cinco causales de procedencia para su remoción”.

El PAN también pidió quitar a los consejeros sonorenses Marisol Cota Cajigas y Daniel Núñez Santos por “notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, y dejar de desempeñar injustificadamente las funciones”.

El PRD se inconformó contra los integrantes de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León “por presuntas acciones y omisiones que impidieron oportunamente el registro de sus candidatos” y el PRI contra la consejera presidenta del OPL de Colima, Felícitas Alejandra Valladares, porque en una entrevista de radio dio por ganador de los conteos al aspirante panista al gobierno, Jorge Luis Preciado.

El PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, el partido local Chiapas Unido, Organización Tierra Verde y Sociedad Cooperativa San Francisco de Amatenango del Valle, han demandado remoción y sanción para los consejeros de Chiapas, aunque en este caso el procedimiento también fue iniciado por el INE por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues no garantizaron los criterios de paridad de género en el registro de candidaturas.

Los consejeros chiapanecos están citados a audiencia para el próximo 3 de agosto y se requirió diversa información al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas.

Movimiento Ciudadano ha cuestionado a los consejeros en Querétaro por “negligencia, ineptitud y descuido en sus funciones, dejando de desempeñar injustificadamente su función”.

Otros son los consejeros de Guerrero, Tabasco, Yucatán y Oaxaca, en tanto que el PRI se desistió de sus señalamientos contra consejeros de Morelos, de acuerdo al informe sobre los procedimientos de remoción de consejeros elaborado por el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

Adeudos. En contraste, de acuerdo con el informe final de la Comisión de Vinculación del INE con los OPL sobre las actividades de coordinación en las entidades con elecciones concurrentes en 2015, las tareas realizadas con consejeros locales fueron exitosas, pero se reportan aún pagos pendientes de cinco OPL, por operación de la casilla única, por 75.8 millones de pesos.

Fuente : El Universal.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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