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México

INE propone dar 107 millones de pesos más a los partidos

La Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el anteproyecto de presupuesto 2017, el cual contempla una reducción de 591 millones de pesos en su gasto operativo, pero también un aumento de 107 millones de pesos en los recursos destinados a partidos respecto a este año.

El anteproyecto del INE contempla cuatro mil 138 millones de pesos de financiamiento a las fuerzas políticas, superior a los cuatro mil 31 millones que ejercen actualmente.

De acuerdo con el instituto, el incremento en el financiamiento público a partidos se explica por el crecimiento de la población del país y el cambio del salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización para calcular los recursos.

Sobre lo solicitado por el organismo electoral para sus gastos operativos, el consejero Ciro Murayama explicó que contempla una disminución de 591 millones de pesos respecto a lo ejercido durante este año (más de 11 mil 823 millones de pesos).

De acuerdo con el consejero, “el presupuesto operativo que el INE solicita para el ejercicio fiscal 2017 asciende a 11 mil 232 millones 566 mil pesos, lo que implica una disminución de 5% en términos reales respecto del presupuesto aprobado de este año”.

Para Murayama, la disminución de su presupuesto contempla “criterios de racionalidad, de austeridad, de transparencia, de rendición de cuentas en todas las decisiones que involucren el uso de recursos públicos, más aún en un contexto de una problemática financiera por la que atraviesa el Estado mexicano”.

A nivel federal, tan sólo este año, la Secretaría de Hacienda ha anunciado dos recortes: uno en febrero, por 132 mil millones de pesos, y otro en junio, por 31 mil 715 millones de pesos (3.89% del gasto federal en su conjunto).

Se prevé que este viernes sesione el Consejo General para aprobar el anteproyecto y enviarlo a la Cámara de Diputados.

El INE aclaró que para 2017 no solicitará recursos para la remodelación de sus instalaciones y la construcción de nuevas dos torres, e informó que para el proyecto se integró un fideicomiso con los recursos otorgados en 2015 y 2016, el cual suma mil 308 millones de pesos.

Fuente: 24Horas

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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