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México

En el INE se niegan a donar 5% salarial a damnificados

Diez consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron la propuesta de su compañero José Roberto Ruiz Saldaña de donar 5 por ciento de los salarios de quienes perciben más de 50 mil pesos al mes y eliminar en 2018 gastos por 42 millones, a fin de destinarlos a la reconstrucción en los estados afectados por los terremotos.
Sin que ningún otro consejero se pronunciara respecto a la propuesta de Ruiz Saldaña, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que conforme al reglamento del instituto, el tema debe ser atendido por la Junta General Ejecutiva —que él encabeza— por tratarse de aspectos administrativos vinculados con temas salariales.
Manifestó que la iniciativa de su compañero no consideró la ruta jurídica que procede, por lo que se turnará a ese órgano para decidir lo conducente.
En la sesión del Consejo General tampoco se dio entrada al asunto vinculado con el apoyo a los trabajadores del INE afectados en diversos estados por los sismos.
Córdova ofreció en cambio el número de una cuenta bancaria para quienes deseen solidarizarse con sus compañeros, al asegurar que ya ellos mismos habían aportado.
Ruiz Saldaña sugirió prescindir de una evaluación de imagen institucional presupuestada para el próximo año, cuyo costo será de más de 3 millones de pesos.
También posponer para 2019 la Consulta Infantil y Juvenil, en la que se prevé gastar 33 millones de pesos; reconsiderar lo programado al pago de gasolina, con reducción de 2 millones de pesos, así como la reducción a los gastos de fiscalización por 4 millones de pesos.
Lo que anunció Lorenzo Córdova fue la transferencia de 115 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, producto de ahorros presupuestales de este año, “con la sugerencia… de que este monto se aplique como apoyo a los damnificados.
Además, los consejeros aprobaron de manera unánime ceder los tiempos oficiales que corresponden al INE en radio y televisión para difundir información vinculada con protección civil, ayuda a damnificados o la reconstrucción.
En el debate, Lorenzo Córdova, advirtió que sería “gravísimo” que en el contexto de la emergencia en siete entidades derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, exista la tentación de cualquier político de lucrar con la tragedia. Más allá de que “los partidos tienen intereses… sería gravísimo que en un contexto como el que está viviendo la sociedad mexicana exista la tentación de parte de alguna fuerza política, de algún actor político e incluso me atrevo a hablar de algún actor privado, de lucrar con la tragedia”, señaló.
Los representantes de PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social acusaron al PRI y al gobierno federal de crear una bola de nieve con el uso de los recursos de los partidos políticos. Aseguraron que solo el gasto en publicidad de las dependencias federales sería suficiente para la reconstrucción, pues asciende a unos 40 mil millones de pesos.
El Consejo General solo alcanzó consenso para ceder durante un mes sus tiempos en radio y televisión en Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México; además de que los partidos que deseen aportar los suyos, lo notifiquen al INE.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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