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México

Inédito: Ya se sabe lo que sucederá con el desfile militar del 16 de septiembre

El desfile militar por el aniversario de la Independencia se modificará, sólo participará un número limitado de uniformados, sin público y será transmitido de forma virtual.

Expansion.mx | En la organización de esta ceremonia se contemplan los honores a la bandera, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará condecoraciones tanto a militares como a médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud, y se guardará un minuto de silencio y otro de aplausos por las víctimas de la pandemia.

Las características para este evento serán las mismas que para el Grito de Independencia, en la noche del 15 de septiembre; es decir, no tendrá público, y sólo se concentrará en la zona del primer cuadro de la Ciudad, el evento será transmitido por televisión o las redes sociales.

Por ello, especifica el documento de la Sedena, el acceso al Zócalo de la Ciudad de México será restringido, no se colocarán gradas, no habrá invitados especiales ni público general, y tampoco participarán planteles educativos

«(Se pide) al público en general a no hacer presencia en las ceremonias conmemorativas, (que serán) televisadas», se cita en el documento

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Para evitar el acceso de la gente, el gobierno federal y de la Ciudad de México tienen programado implementar un operativo, mismo que se aplicará para el Grito de Independencia.

En el caso específico del desfile, en realidad será una concentración mínima en la plancha del Zócalo; se contempla un mínimo de uniformados en las tripulaciones, habrá distancias en las formaciones y el uso de cubrebocas será obligatorio, sin romper los protocolos del uniforme.

Dispositivo inicial para la ceremonia del 16 de septiembre.

La ceremonia iniciará a las 10:00 horas y se prevé dure una hora con 23 minutos. El desfile partirá de la avenida José María Pino Suárez, avanzará por la Plaza de la Constitución y por la calle 5 de mayo, para llegar al Eje Central.

El primer mandatario estará acompañado por los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores; Dulce María Sauri y Eduardo Ramírez Aguilar, respectivamente; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar; y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

También estará presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; el de la Marina, José Rafael Ojeda Durán; y el de Seguridad, Alfonso Durazo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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