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México

Inflación en México se elevó a 7.37% anual, es el mayor aumento desde 2001

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un 7.37% es decir, el registro más alto desde enero de 2001, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este contexto, la inflación registró una aceleración mayor a la esperada a su mayor nivel en más de dos décadas y nuevamente, superó por mucho el objetivo oficial, en este sentido, los economistas habían pronosticado una inflación de 7.22% a tasa anual.

En tanto, la inflación subyacente, la cual elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles a tasa interanual, aumentó a 5.6%, un nivel que no se había visto desde enero de 2001, asimismo, el incremento de la inflación no subyacente también alcanzó su máximo nivel desde 1998, pues aumentó 3.45% mensual y 12.61% a tasa anual, impulsada por un incremento mensual en los precios de los productos agropecuarios de 4.48%, de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 2.64%.

Por su parte, el banco de México (Banxico) elevó en noviembre en 25 puntos base (pb) su tasa de interés referencial por cuarta vez consecutiva para llevarla a 5%, y así, subió sus expectativas para la inflación al cierre de año.

El jueves 16 de diciembre se tomará la próxima decisión de política monetaria, que de igual forma, será la última del año, en este contexto, Banxico tiene una meta permanente de inflación del 3% +/- un punto porcentual.

De acuerdo con el INEGI, sólo el noviembre, los precios al consumidor crecieron 1.14% mientras que el índice subyacente subió 0.37%.

En el tema de las mercancías, éstas aumentaron sus precios un 7.24% en comparación anual, mientras que los servicios registraron un incremento de 3.59%.

Es así que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron en 11.26%, lo cual se explica por la recuperación de este año de los precios del petróleo y en el caso de agropecuarios, el aumento fue de 14.36%.

Por su parte, Gabriela Siller Pegaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, puntualizó que la inflación rebasó las expectativas del sector, por esta razón informó que el Banco Base prevé que este indicador termine el año en 8%.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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