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Opinión

Inflexión. Por Raúl Saucedo

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LO QUE SE VIENE EL DOMINGO

En entregas anteriores como LA URNA (1) y LA CLAVE (2) abordamos puntos del próximo ejercicio democratico en méxico considerando que la próxima jornada electoral del 1 de junio emerge no sólo como un evento democrático más, sino como un auténtico punto de inflexión para el gobierno federal. Más allá de la renovación de Congresos y gobiernos locales en un par de estados, la inminente elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un desafío sin precedentes y una oportunidad estratégica que definirá el rumbo y la legitimidad del país.

La propuesta de reformar el Poder Judicial y someterlo a la voluntad popular fue una bandera clave de la administración anterior y ha sido refrendada por la actual. La promesa es clara: construir una justicia más cercana al pueblo, transparente y libre de vicios. Sin embargo, la materialización de esta visión a través de las urnas el 1 de junio no es un camino exento de riesgos. Para la administración federal, el resultado de esta elección judicial no sólo medirá el respaldo ciudadano a una de sus principales apuestas, sino que también sentará las bases sobre las cuales operará el poder judicial durante su sexenio.

Si la elección del 1 de junio deriva en la llegada de juzgadores alineados con la visión del gobierno, la política ejecutiva se podría ver fortalecida su capacidad para impulsar la agenda sin los contrapesos que un Poder Judicial tradicionalmente independiente suele ejercer. Esto, desde la óptica de sus simpatizantes, sería un avance para desatorar reformas y proyectos que, en ocasiones, fueron frenados por resoluciones judiciales. Sin embargo, para los críticos y la oposición, significa una concentración de poder sin precedentes y una erosión de la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia.

Por otro lado, si los resultados de la elección arrojan un panorama judicial más plural, con la llegada de juzgadores que no necesariamente comparten la misma visión política, el gobierno federal se enfrentaría a un Poder Judicial que podría actuar como un contrapeso más vigoroso. Esto, aunque potencialmente generador de fricciones y debates necesarios, sería visto por muchos como un fortalecimiento del sistema democrático de pesos y contrapesos, garantizando que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales.

La forma en que se desarrolló la campaña electoral para los puestos judiciales, la participación ciudadana y, sobre todo, la legitimidad percibida de los resultados, serán cruciales. Una elección pulcra y transparente podría otorgarle un capital político inmenso para legitimar su proyecto de nación. Sin embargo, cualquier indicio de irregularidad o polarización exacerbada durante el proceso podría enturbiar la imagen del gobierno y sembrar dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial desde su génesis electoral.

Desde este teclado en la Ciudad de México, dónde estamos convencidos que la certeza jurídica es clave para el futuro de una nación, la configuración del Poder Judicial será observada con lupa. Un sistema judicial que genere confianza es vital para la atracción de capitales y el mantenimiento del estado de derecho. La elección del 1 de junio no es solo una votación de nombres; es la definición de las reglas del juego judicial para la próxima década, y con ello, de la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Esta reflexión viene a causa de que hoy es el último día de proselitismo para aquellos contendientes que el domingo mas haya de buenas voluntades vivirán el sistema político mexicano.

@Raul_Saucedo

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Opinión

El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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