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México

Infrahumanas, las condiciones de migrantes en Baja California

Urge que el gobierno de México ayude a los 6 mil haitianos y africanos que están en Tijuana y Mexicali, Baja California, en espera de ingresar a Estados Unidos; las condiciones en las que conviven son infrahumanas, dijo Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afroamericanos, luego de reunirse con funcionarios de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG).

Es muy delicado lo que está pasando en la frontera norte, pues en un campamento de 350 personas sólo hay dos sanitarios, niños, mujeres y hombres viven en la calle, no tienen comida. Además están surgiendo grupos racistas que en las redes sociales convocan a la población a ‘‘matar a los negros’’. En los próximos días llegarán 3 mil más que están en Tapachula, Chiapas, y 5 mil que se ubican en la frontera de Costa Rica con Nicaragua.

La crisis de los migrantes ya está en México, por ello urge un debate nacional y que el gobierno mexicano prolongue los permisos de estancia –duran 30 días–, expida autorizaciones de trabajo y otorgue asilo a los haitianos que lo soliciten, porque ‘‘en Haití no hay vida; después del terremoto de 2010, hay 60 mil personas que viven en campamentos; 70 por ciento de los ingresos del país dependen de la comunidad internacional’’, expuso Metelus al término de la reunión en la SG.

Al gobierno federal le pidió que ponga más albergues, ofrezca comida y seguridad a los cientos de haitianos que están en las calles en Baja California. Solicitó que los secretarios de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; de Salud, José Narro, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudan a Baja California para que vean la situación en que viven los haitianos, africanos y los migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que enviará ayuda a Haití por los destrozos que causó el huracán Matthew, pero sería deseable que también ayude a los haitianos que están en Baja California, porque pasar la frontera es muy difícil; el gobierno de Estados Unidos sólo recibe 70 personas por día, apuntó.

También solicitó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional investigue a los grupos racistas que están surgiendo. ‘‘Este es un momento de emergencia. México no estaba preparado para recibir a los haitianos que dejaron Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador por la crisis económica en la que están. Se requiere un trabajo de compatibilidad con las naciones de Latinoamérica, pero debe mostrarse como país solidario’’.

Informó que hoy retornará a Gobernación para dialogar con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva. ‘‘No podemos aguantar más, lo que demandamos es justo’’.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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