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México

Ingresa a SEIDO detenido por caso Ayotzinapa

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México, DF.-La Comisión Nacional de Seguridad informó que como parte de las labores en torno a la identificación, localización y detención de los autores materiales de los hechos suscitados en Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de septiembre de 2014, fue aprehendida por elementos de la Policía Federal, en la capital del país, otra de las personas presumiblemente involucradas.

En un comunicado, precisó que se trata de Miguel Ángel Landa Bahena, identificado en declaraciones ministeriales como integrante del círculo cercano a Gildardo López Astudillo, prófugo de la justicia y acusado de ser jefe de una agrupación delincuencial en Guerrero.

Cuatro de las personas detenidas en octubre de 2014 y una más, detenida en noviembre de ese mismo año, señalaron a Landa Bahena como uno de los responsables de las agresiones cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Miguel Ángel Landa Bahena cuenta con una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal en la Delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal.

Al momento de su aprehensión, iba provisto de un arma abastecida con municiones útiles.

El detenido y el arma de fuego quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, indicó.

México

ONU advierte posibles crímenes de lesa humanidad por desapariciones en México

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Ciudad de México.— El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada advirtió que la magnitud y los patrones de desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que generó el rechazo del Gobierno federal, que calificó el informe como tendencioso y carente de rigor jurídico.

De acuerdo con el organismo, México concentra el 38 por ciento de las acciones urgentes a nivel mundial en esta materia, con 819 casos registrados entre 2012 y febrero de 2026. En ese periodo se suman 40 nuevas solicitudes presentadas en los últimos cinco meses. El comité también señaló la existencia continua de fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, la mayoría sin identificar.

El informe precisa que no hay evidencia de una política federal deliberada para llevar a cabo desapariciones; sin embargo, advierte que algunos casos apuntan a la participación o complicidad de funcionarios públicos con grupos delictivos.

En respuesta, el Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, sostuvo que el documento omite los avances institucionales y reformas impulsadas en la actual administración. Además, señaló que el análisis se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que no refleja la situación actual del país.

Las autoridades también criticaron que el comité no consideró información actualizada enviada el 27 de marzo y denunciaron un posible conflicto de interés, al señalar que al menos uno de los redactores del informe ha colaborado con organizaciones que han litigado contra el Estado mexicano.

El Gobierno reiteró que no se toleran ni se ordenan desapariciones en el país.

La solicitud del grupo de expertos fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que sea remitida de manera urgente a la Asamblea General para determinar posibles acciones de apoyo. Hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones al respecto.

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