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México

Inhabilitan 10 años más a Horcasitas

El prófugo de la justicia Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director del Proyecto Metro, destituido por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue inhabilitado por la Contraloría General capitalina por otros 10 años y está obligado a liquidar una multa por 7 millones 800,000 pesos, después de que lograra obtener un amparo provisional en contra de una orden de aprehensión otorgado por el Poder Judicial de la Federación.

La Contraloría dio a conocer sin nombres, sólo con números, sanciones aplicadas a 90 servidores públicos, entre ellos funcionarios “mayores’’ de jefaturas delegacionales actuales, secretarías del actual gabinete y órganos descentralizados de la administración actual, a horas de que se dé a conocer qué funcionarios continuarán en sus labores, quiénes se van y cuántos podrían llegar o ser movidos a otros cargos por el mandatario local.

Manjarrez Horcasitas ya había sido inhabilitado en septiembre del 2014, después de seis meses de ser destituido cuando la Contraloría General local, entonces bajo el mando de Hiram Almeida Estrada, hoy secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), le aplicó una sanción para contar con un empleo, cargo o comisión en la administración de la ciudad de México.

Horcasitas Manjarrez es uno de los primeros seis de 33 funcionarios acusados por el gobierno capitaino como posible responsable de las fallas de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), que sigue cerrada en su parte elevada en 11 estaciones; precisamente desde marzo de ese año, tres de ellos han sido detenidos y otros tres son prófugos.

Los juicios de los detenidos se están llevando en los reclusorios Norte y Sur, de los cuales dos han sido clasificados como delitos “no graves’’, pero no han pagado la fianza de más de 1 millón de pesos que les fijaron y otro más que está buscando que la Comisión de Derechos Humanos le otorgue beneficios para alegar violaciones a sus garantías individuales.

Fuente: El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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