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México

Inicia apertura de casillas en estados del país

Esta mañana inició la apertura de casillas en los estados para elegir presidente de la República, senadores diputados federales y seis gobernadores, diputados locales y alcaldes.

En Michoacán, inicio la apertura de casillas para la elección federal y la extraordinaria para elegir alcalde en Morelia.

La apertura de casillas se da en todo el estado con excepción de Cherán, único municipio del país que quedara al margen del proceso luego de que sus habitantes se negaron a participar y acordaron impedir la colocación de urnas.

En el Estado de México comenzó la instalación de las 34 mil 638 casillas colocadas por el IEEM e IFE hasta el momento sin contratiempos.

En tanto que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) instaló la sesión permanente a la misma hora, con el objetivo de dar inicio al proceso electoral.

En Puebla, Luis Zamora Cobián, consejero presidente de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, se declaró listo para el desarrollo de la jornada electoral para renovar la presidencia de la República Mexicana y el Congreso de la Unión.

En su mensaje para dar inicio a la Sesión Permanente indicó que en Puebla tendrán derecho para ejercer su voto un total de 3 millones 915 mil 969 ciudadanos inscritos en el listado nominal, además 2 mil 959 ciudadanos que radican en el extranjero y que por segunda ocasión podrán compartir con ese derecho.

Los integrantes de la mesa directiva en Hidalgo comenzaron la apertura de 3 mil 416 casillas, de las cuales mil 717 son básicas, mil 515 contiguas, 169 extraordinarias y 15 especiales.

Previamente, en presencia de los representantes de partidos y observadores, revisaron que el material y la documentación electorales estuvieran completos, armaron las urnas y las mamparas, verificaron que todas las boletas estuvieran en blanco y levantaron el acta de apertura de casilla.

Esta mañana comenzaron a votar los primeros jaliscienses para presidente de la República, gobernador, alcaldes, senadores, diputados federales y locales en esta entidad.

En las casillas de la zona metropolitana de Guadalajara empezaron a hacer filas los primeros habitantes de esta entidad para emitir su sufragio en un ambiente de tranquilidad.

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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