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Inicia histórica licitación petrolera en México

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El gobierno lleva a cabo este miércoles una licitación petrolera en la que compiten firmas de Estados Unidos, Asia y Europa, que por primera vez pueden acceder a esta industria desde que fue nacionalizada en 1938.

El gobierno subasta 14 bloques en aguas poco profundas del Golfo de México, con una superficie de unos 4 mil 200 kilómetros cuadrados y valorados en unos 17 mil millones de dólares.

La licitación es el punto culminante de la reforma energética promulgada en 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto después de un acalorado debate en el Congreso, donde partidos de izquierda se opusieron a abrir el sector petrolero, considerado un símbolo de la soberanía nacional, a las empresas privadas.

Este evento podría dar un breve respiro al gobierno de Peña Nieto de la humillación sufrida este fin de semana con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, de un penal de máxima seguridad, su segunda evasión en 14 años.

Siete consorcios y 18 empresas han clasificado para participar en la puja, que será transmitida en directo por cadenas locales y estará abierta al escrutinio público.

Se espera que 90 minutos después de depositadas en urnas las ofertas se procederá a la apertura de sobres y el análisis de las propuestas.

Los precios mínimos de cada uno de los bloques, establecidos por el gobierno, serán conocidos a la par de las pujas. La oferta ganadora deberá al menos igualar el precio inicial y de no haber alguna que cumpla el requisito, el bloque será declarado desierto y reasignado en una próxima licitación.

“No vamos a malbaratar los recursos petroleros de la nación”, dijo el lunes en rueda de prensa el secretario (ministro) de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien de antemano advirtió que, en base a las experiencias internacionales, difícilmente se adjudicarán todos los bloques.

“Nuestro objetivo adecuado es una franja (de adjudicación) de entre 30 por ciento y 50 por ciento de los 14 bloques”, estimó.

La Jornada

Dinero

Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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