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Inicia INE proceso de liquidación de Nueva Alianza y Encuentro Social

Con el objetivo de adoptar medidas preventivas, así como dotar de transparencia y certeza al proceso de liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social —que tienen la probabilidad de perder su registro nacional—, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) procedió a la designación de sus respectivos interventores, mientras se resuelven en su caso, las impugnaciones de las elecciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Comisión, presidida por el Consejero Ciro Murayama, e integrada por las Consejeras Pamela San Martín, Adriana Favela, así como de los Consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif, seleccionó a Ramón Ismael Trejo Bazúa y Gerardo Maldonado García, como los probables interventores para los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, respectivamente, en virtud de que se les tiene que consultar si aceptan la responsabilidad.

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, si de los cómputos de los Consejos Distritales se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos para mantener su registro —el 3 por ciento—de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Fiscalización deberá designar, de inmediato, a un interventor, quien será responsable del control y vigilancia directa del uso y destino de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención, informó el Consejero Ciro Murayama.

En este sentido, y al considerar que aún no están resueltas, en su caso, las impugnaciones relativas a las tres elecciones federales —prosiguió—, el TEPJF tiene hasta el 3 de agosto para resolver sobre las elecciones al Legislativo y, a más tardar el 31 de agosto, lo correspondiente a la elección presidencial, el proceso de liquidación de ambos partidos se encuentra en su primera etapa que se denomina “de prevención”.

Según el Reglamento de Fiscalización, el periodo de prevención abarca desde el anuncio de los resultados de los cómputos distritales y hasta que se emita la constancia formal de pérdida de registro, tiempo en el cual el interventor se hará responsable en la administración del patrimonio de los partidos políticos mencionados.

El Consejero Ciro Murayama aclaró que el Reglamento de Fiscalización prevé, en caso de que, como resultado de la resolución de los juicios de inconformidad, el partido político en estado de intervención llegara a alcanzar la votación mínima, podrá reanudar en forma habitual sus operaciones. En caso contrario, advirtió, se pasaría de la prevención a la intervención para su liquidación respectiva.

Como parte de este procedimiento legal, cabe señalar que la Comisión de Fiscalización aprobó en marzo pasado la lista de especialistas en concursos mercantiles que desempeñan funciones de conciliadores y síndicos, y que luego de una consulta se definió que 56 interventores cubren el perfil adecuado para realizar dicha tarea, de conformidad con los criterios de selección y actualización.

La lista de 56 especialistas se dividió entre los dos partidos, para que a cada uno le correspondieran 28 posibles interventores. Y de cada una de las mismas se eligió en primer lugar a Ramón Ismael Trejo Bazúa y Gerardo Maldonado García, a quienes se les consultará (en presencia de la Oficialía Electoral del INE) si desean aceptar el trabajo; en caso contrario, se contactará al siguiente interventor en orden de prelación y la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización informará a los integrantes del Consejo General del INE quienes fungirán como interventor de los partidos mencionados.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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