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Inician entrevistas públicas para los interesados en ser comisionados del Ichitaip

En el Congreso del Estado se dio inicio al proceso de entrevistas para las personas interesadas en fungir como Comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Este día fueron citadas las primeras nueve personas de las veintiséis que obtuvieron una calificación mínima de 70 en el examen de conocimientos, a fin de que la Comisión Especial llevara a cabo la entrevista pública correspondiente.
Para lo anterior, en esta ocasión se citó en la Sala Legisladoras, en diferentes horarios a:
Julio César Aranda Ochoa 16:00 hrs.
Julio César Cabello Castañeda 16:20 hrs.
Esgar Daniel Cuilty Grabulosa 16:40 hrs.
Ernesto Alejandro De la Rocha Montiel 17:00 hrs.
Adriana Domínguez Cordero 17:20 hrs.
Ricardo Esparza Pizarro 18:00 hrs.
Gustavo Adolfo Esparza Sáenz 18:20 hrs.
Patricia Angélica Fernández Madrid 18:40 hrs.
Juan Carlos Fuentecilla Chávez 19:00 hrs.

El desarrollo de las entrevistas se realizó en 3 etapas, cada una con una duración de hasta 5 minutos.
Primero, fue la presentación por parte del entrevistado, en donde comenta quién es y porqué aspira a ser comisionado (a).
Acto seguido, la persona entrevistada tomará de una urna colocada a la vista, una pregunta. La Secretaría Técnica dará lectura en voz alta, al cuestionamiento, para que el entrevistado (a) responda.
Posteriormente, una vez concluida la respuesta, la persona entrevistada tomará de otra urna, un caso práctico, el cual será leído de la misma forma, para que el entrevistado (a) responda.
Una vez concluidas las intervenciones, las y los integrantes de la Comisión Especial, llenarán una matriz de evaluación y la entregarán a la Secretaría Técnica.
Es importante resaltar, que mañana jueves 1 de diciembre, serán citados otros nueve aspirantes, y el viernes 2 del mismo mes y año, acudirá el último grupo conformado por ocho aspirantes a su exposición ante la Comisión Especial.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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