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México

Inician liquidaciones en la Policía Federal: Alfonso Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que se instaló la oficina de transición necesaria para liquidar en un plazo de 18 meses a la Policía Federal e integrarla a la Guardia Nacional, y destacó los avances en las negociaciones con los elementos inconformes.

Indicó que dicha oficina tendrá representantes en todas las áreas e instalaciones de la corporación, donde se ofrecerá información de carácter administrativo y jurídico, y opciones para la eventual readscripción del personal.
En entrevista televisiva, el funcionario dijo que en ningún momento se ha planteado ni ha estado sobre la mesa despedir al personal o desconocerles derechos, antigüedad, sueldos o prestaciones; “absolutamente no, nada de eso y lo importante es que ya quedó claro en la mesa de negociación y eso ha tranquilizado a los grupos inconformes”.

Afirmó que luego de las mesas de negociación instaladas la víspera, se tienen avances importantes y “los resultados fueron alentadores porque hubo madurez respecto a la posición de los representantes de los inconformes” y una vez que conocen los planteamientos y las opciones.

Y como parte de la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional, el secretario instruyó al Servicio de Protección Federal (SPF) instalar un módulo de información en el Centro de Mando de la Policía Federal.

Dicho espacio es atendido por mandos del SPF y tiene la finalidad de dar a conocer sus actividades, siempre con un trato digno y respetuoso, así como aclarar cualquier duda a quienes estén interesados de unirse a las filas de este órgano administrativo.

En Mérida, Yucatán, elementos de la Policía Federal comisionados en la entidad se sumaron al proceso de transición.

Roberto Rodríguez Rivero, comisario encargado de la zona, comentó en un mensaje que “la coordinación estatal de la Policía Federal instala la mesa de transición para informar al personal del proceso que tenemos hacia la Guardia Nacional”.

Al respecto, Joaquín Díaz Mena, delegado de programas del gobierno federal, aplaudió que en Yucatán prevalezca la seguridad a favor de los ciudadanos.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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